El ministro de Agricultura de Ecuador, Rubén Flores, aseguró hoy que las políticas agrarias deben "estar diferenciadas" ante la existencia de dos modelos muy distintos en Latinoamérica: el de la gran industria alimentaria y el de los agricultores familiares.

Ante tanta disparidad, Flores destacó que se tiene que facilitar a los pequeños productores el acceso a los mercados, algo que ya se ha conseguido en algunos sectores como el banano en su país.

El ministro habló hoy en una reunión ministerial en la localidad jamaicana de Montego Bay, con motivo de la Conferencia regional de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que se celebra esta semana.

Al igual que Flores, varios responsables gubernamentales de países de la región pidieron diferenciar las políticas agrarias y los programas sociales en los distintos contextos, con el fin de afrontar la creciente malnutrición en América Latina y el Caribe.

El ministro ecuatoriano recordó que la agricultura familiar emplea a un gran número de personas, abastece a la demanda interna y respeta la sostenibilidad ambiental.

"La tendencia a la baja de los precios (de los productos agrícolas) permite un mayor acceso, pero también complica la rentabilidad de los sistemas productivos", apuntó el ecuatoriano, para quien los campesinos necesitan un apoyo especial.

En ese sentido, mencionó el papel de los servicios logísticos y financieros, los centros de acopio, la comercialización de los productos "a precios justos" y el fortalecimiento de las asociaciones de agricultores.

Para potenciar la producción local de alimentos existen desde hace años en Latinoamérica programas de alimentación escolar con los que mejorar también la nutrición y la educación de los niños.

La sesión en la que participó hoy Flores, así como el viceministro de Diseño de calidad educativa de Guatemala, José Inocente Moreno, y la viceministra de Desarrollo Social de Panamá, Michelle Muschett, precede a la inauguración oficial mañana de la Conferencia regional bienal de la FAO.

El encuentro tiene entre sus retos ayudar a revertir el aumento del hambre y atajar otras formas de malnutrición, como la obesidad al alza.

En 2016, la inseguridad alimentaria afectó a 42,5 millones de personas en América Latina y el Caribe, 2,4 millones más que un año antes, lo que supuso un cambio en la tendencia de disminución del hambre.

En el encuentro de hoy también participaron representantes de la sociedad civil y por primera vez del sector privado, que desde posturas opuestas reclamaron más participación en los procesos de decisión política. (I)