A las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) les quedan 24 días para presentar las pruebas de descargo dentro de la auditoría que la Contraloría General del Estado realiza a los registros contables que lleva la entidad con respecto a los valores adeudados por parte del Estado por concepto de prestaciones de salud.

En un informe preliminar fechado al 13 de octubre de este año la Contraloría señala “incumplimientos” del IESS al restituir los $ 2.527 millones que fueron eliminados de los estados financieros en septiembre de 2016.

Además anota observaciones sobre 18 funcionarios del Instituto, involucrados en los actos administrativos. Uno de ellos es Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del IESS, quien, según el informe preliminar, debería ser destituido de su cargo.

El documento da seguimiento a las disposiciones contenidas en el examen especial emitido el 20 de junio, donde se instruye dar de baja a lo actuado en 2016 y, además, aplicar una serie de acciones que incluyen la conformación de un equipo técnico con el Ministerio de Finanzas para establecer los mecanismos de pago.

Según la Contraloría, si bien el IESS procedió con la rectificación, el registro en los asientos contables no fue el correcto.

De los $ 2.527 millones eliminados el año pasado, lo que efectivamente se restituyó fueron $ 1.778 millones, debido a que el IESS “sin fundamento legal” hizo una reclasificación de $ 749 millones hacia la subcuenta ‘Otras Cuentas por Cobrar’ “incumpliendo la recomendación de la Contraloría que disponía el registro en los Estados Financieros del Fondo de Salud”, reza el informe.

A ello se añade que hasta junio de este año la actualización de prestaciones suma $ 352 millones, de los cuales otros $ 162 millones también fueron reclasificados “sin sustento legal” en ‘Otras Cuentas por Cobrar’. Con estos valores la deuda actual del Gobierno con el IESS asciende a $ 2.880 millones.

En entrevista con EL TELÉGRAFO, la directora general del IESS, Geovanna León, aseguró que la entidad sí cumplió con las disposiciones. Enfatizó que se trata de un ejercicio contable y que “no ha habido un solo dólar que haya salido de las cuentas del IESS, ni para beneficio personal, ni para que el Estado cubra otro tipo de atenciones”.

Dijo que el examen fue solicitado por las autoridades para aclarar cómo deben registrarse esos rubros, dado que no existen sustentos que permitan cuantificar las prestaciones médicas brindadas por el IESS desde 2001.

“Los valores están restituidos en los estados financieros de la institución”, afirmó León. La situación se torna más compleja por la falta del reglamento de la Ley de Seguridad Social.

El informe de la Contraloría separa los $ 2.500 millones en dos rubros, explicó León, uno por $ 1.700 millones correspondientes a las prestaciones que se dieron a jubilados y que de acuerdo al propio criterio del órgano de control no requería de reglamento “por el simple hecho de estar ya registrado, aunque no todas tienen sustento”.

No ocurre lo mismo con las prestaciones de salud de enfermedades catastróficas por casi $ 750 millones que según Contraloría, dijo León, sí requerían de un reglamento para determinar de este valor qué porcentaje debe asumir el empleador, el afiliado y el Estado.

La funcionaria justificó así la reclasificación de las cuentas que en total suman $ 911 millones (hasta junio). “(Si) mañana el organismo de control nos dice que deben sumarse a los valores que ya se registraron en las cuentas por cobrar al Estado,  automáticamente ese valor se agrega a ese rubro”.

Por otra parte, la Contraloría anota que desde el 24 de febrero de 2015, cuando se entregó el primer informe sobre la situación al presidente del Consejo Directivo, hasta el 11 de octubre de 2017, han transcurrido 960 días sin que se hayan determinado los valores adeudados por el Gobierno al IESS, ni los mecanismos de cobro ante el Ministerio de Finanzas.

En respuesta, León reiteró que no hubo omisiones y que las recomendaciones fueron acatadas y dispuestas por el propio Consejo Directivo.

Se conformó una nueva comisión integrada por juristas, expertos financieros y médicos, quienes revisan documentación de 100 unidades médicas que respalden las prestaciones desde 2001. Ha solicitado la participación del Ministerio de Finanzas y de la Contraloría. Los resultados se conocerán, a más tardar, dentro de un mes y medio.

León confía en que los elementos de descargo les darán la razón en las conclusiones del informe final. Agregó que los movimientos contables no han sido elevados a los Balances Consolidados del IESS, mientras no finaliza el proceso que lleva la Contraloría. (I)