En alrededor de 40.000 a 50.000 personas con ingresos mensuales superiores a $ 3.000 aplicará la deducción del impuesto a la renta (IR) que considera el número de cargas familiares, según lo dispuesto en el proyecto de Ley de Reactivación Económica.    

El tema fue aclarado ayer por el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando, durante un conversatorio con medios de comunicación, en el que también participaron el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre; la gerente general del Banco Central del Ecuador (BCE), Verónica Artola; y el director del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), Mauro Andino.

Según el proyecto normativo, “las personas naturales podrán deducir sus gastos personales sin IVA e ICE, así como los de sus cargas familiares hasta en el 50% del total de sus ingresos gravados sin que dicho porcentaje supere los siguientes valores, en relación a la fracción básica desgravada de impuesto a la renta de personas naturales” (ver infografía).

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En síntesis, quienes perciban más de $ 3.000 deducirán más o menos recursos dependiendo de las cargas familiares, que para tales efectos se considerará a los padres (siempre que no reciban pensiones jubilares que superen un salario básico unificado), cónyuge o pareja en unión de hecho e hijos del sujeto pasivo que no tengan ingresos y dependan de este.

“Aquellas personas que ganan hasta $ 3.000 no van a tener ningún cambio en su deducción de gastos personales y tampoco lo tendrán aquellos que ganando más, tienen tres cargas o más, hijos con discapacidad o tienen a su cargo personas con enfermedades catastróficas”, detalló Orlando.

La declaración será a través de la proyección de gastos personales para aquellos trabajadores en relación de dependencia. Quienes reciben ingresos por cuenta propia liquidarán sus impuestos en su declaración anual. Adicionalmente, ese grupo de personas también deberá considerar lo percibido mediante el decimotercer sueldo.

Por ambas vías el SRI estima recaudar entre $ 40 y $ 50 millones. Los cálculos toman como referencia la fracción básica desgravada que para este año es de $ 11.290.
“Si a eso se agrega los gastos personales, puede llegar con deducciones y exenciones hasta cerca de los $ 25.000”, acotó el funcionario.

Analistas y actores políticos han señalado que la clase media del país se verá fuertemente impactada, situación negada por Orlando, quien aseguró que impactará a menos del 1% de la población económicamente activa (PAE), actualmente compuesta por 8’181.049 personas.

Con ello coincidió Víctor Hugo Albán, vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, quien dijo a EL TELÉGRAFO que de acuerdo a un estudio elaborado por la entidad -que será difundido en los próximos días-, el promedio de remuneraciones y salarios en el país está dentro del rango de entre $ 800 y $ 900, con un techo de $1.500 y un piso de $ 370.

“No hay ninguna afectación a la clase media”, reiteró Albán.

El BCE dejará de crear cuentas de dinero electrónico

Otro de los aspectos que destacan en la Ley de Reactivación Económica es la modificación del Código Orgánico Monetario y Financiero en lo referente al dinero electrónico, concepto reemplazado por la frase ‘medios de pago electrónicos’.

El sistema vigente que es administrado por el Banco Central dejará de existir, aclaró Verónica Artola. La entidad asumirá el rol de control, monitoreo y evaluación, así como la “gestión de la moneda nacional metálica”, reza el documento.

Vigilará y liquidará todas las transacciones que se efectúen en las plataformas del Sistema Financiero Nacional integrado por la banca pública, privada, y cooperativas de ahorro y crédito.

“(El término) dinero electrónico ya no se está considerando en ninguna parte del Código”, dijo Artola señalando que el nuevo concepto también impulsa el uso de tarjetas de crédito, débito, tal como se acordó con las instituciones financieras.

El BCE ya no podrá crear cuentas digitales; las existentes pasarán al sistema financiero, según los procedimientos que determine la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

La plataforma que ahora maneja el Central está siendo trasladada hacia las cooperativas, mientras que la banca privada está desarrollando su propia versión de billetera electrónica usando como soporte el sistema de BanRED.

La Junta, dicta la norma, también fijará los montos y plazos máximos a fin de que los pagos de servicios públicos, nómina de empleados y pagos a proveedores que realicen las personas jurídicas y naturales con RUC se hagan mediante débito de cuenta, transferencia bancaria, pago con tarjeta de crédito, débito u otros medios de pago electrónicos.

Si bien el proyecto legislativo dispone que todas las personas jurídicas y naturales con RUC deberán tener al menos un canal de cobro electrónico y no podrán negarse a recibir pagos por esta vía, Artola puntualizó que aquello no significa que será obligatorio poseer una cuenta de dinero electrónico, tal como lo indica el Código.

Los pagos con medios digitales tendrán como incentivo la devolución de un punto porcentual del impuesto al valor agregado. (I)

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Gobierno afronta problemas para aprobar la ley

Todavía no hay votos para aprobar la proforma presupuestaria de 2018 ni el proyecto económico urgente para la reactivación económica, del presidente de la República, Lenín Moreno. La división del movimiento gubernamental causa estragos en la Asamblea.

Los ‘morenistas’ son la mayoría en la bancada de PAIS: 44, el grupo correísta está conformado por 18, y hay 12 indecisos que no se han pronunciado. “Nos preocupan las nuevas imposiciones y el dinero electrónico, manejado por la banca privada”, dijo Juan Cárdenas, del grupo ‘correísta’.

La facción oficialista tendrá que aliarse a la oposición para votar estos dos temas y conseguir la mayoría. La oposición tiene cuatro bancadas, que suman 63 votos:

CREO, Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG), SUMA, y el Bloque de Integración Nacional (BIN). Sin embargo, tampoco es seguro que esos bloques apoyen al Ejecutivo.

CREO, que tiene 24 votos, está en contra, explicó Lourdes Cuesta, de CREO. El PSC-MG, con 15 votos, se reunirá hoy para analizar si respalda o no los proyectos presidenciales, advirtió Paola Vintimilla.

Guillermo Celi, jefe de la bancada de SUMA, que tiene 9 votos, reconoció que la reducción del gasto corriente es importante. Raúl Tello, del BIN, con 14 votos, dijo que hay la posibilidad de que la oposición vote por Moreno, si él reconsidera algunos planteamientos de ellos.

Sin embargo, si la Asamblea no se pronuncia sobre la Ley Económica en 30 días esta entrará en vigencia automáticamente por el ministerio de la ley. Ese es el procedimiento cuando un proyecto lleva la característica de económico urgente, que es el caso. (I)