Incumplimientos a la ley y a sus respectivos reglamentos, así como a disposiciones del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ocasionaron una supuesta afectación a los fondos de la institución y sus afiliados por alrededor de $ 300 millones.

La Contraloría General del Estado dio lectura este jueves 31 de enero al informe borrador del examen especial a las operaciones administrativas y financieras del IESS. El periodo analizado fue desde el 1 de enero de 2013 al 31 de mayo de 2018.

El análisis concluyó que $ 287,8 millones de la cuenta denominada “Recaudación historia laboral por distribuir” no fueron entregados en su totalidad a las unidades de negocio que correspondía.

Eso ocasionó que estas no contaran con los recursos que les correspondían para cumplir con sus prestaciones.

Por otra parte, $ 17,9 millones generados por intereses de mora patronal no fueron transferidos a las cuentas de los afiliados. En su lugar, se destinaron a varias unidades de negocios y seguros de la institución.

Además, el cálculo de los gastos administrativos para el pago de fondos de reserva tuvo diferentes fórmulas. Ese error, según Contraloría, causó un perjuicio para el IESS por $ 823.000 y los funcionarios encargados de las áreas respectivas no corrigieron esa falta.

También fueron cancelados $ 2,5 millones por seguro de desempleo a afiliados que no tenían derecho al beneficio por no cumplir con los requisitos de Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación, Cesantía y Seguro de Desempleo.

Otro de los errores identificados fue el pago a una afiliada en sus fondos de reserva y aportes patronales por más de $ 148.000, a pesar de que sus aportaciones fueron en sucres y no se realizó la conversión a dólares.

Aproximadamente $ 1,7 millones fueron devueltos a afiliados por concepto de fondos de reserva, sin cumplir con los requisitos para acceder a esos recursos y no fueron realizadas las gestiones para corregir el error.   

Varios funcionarios del IESS, presentes en la lectura del informe, cuestionaron que el borrador reflejara elementos que ya fueron examinados en una anterior auditoría y aclarados en su debido tiempo.

Según la normativa, los encargados de las áreas en las que se detectaron problemas tienen cinco días para presentar su descargo. (I)