El puerto marítimo de Guayaquil es administrado por José Antonio Contreras desde septiembre de 2017, el funcionario resaltó que en 10 años el beneficio económico que ha generado Contecon para Ecuador asciende a $ 1.050 millones.

Estos valores se han distribuido en pagos a la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG), otras contribuciones portuarias, inversiones, pagos de impuesto a la renta y salarios.

No se opone al incremento de puertos, pero solicita igualdad de condiciones para las concesiones.

¿Cuál es la situación económica actual de Contecon?
Muy positiva, por todos los planes y programas desarrollados. A nivel económico el impacto ha sido mucho mejor de lo esperado: 30% más de contribución de lo que tenía previsto el contrato de concesión. En 10 años llevamos $ 1.050 millones de aportación real al país.

¿Estos valores tienden a crecer?
Desafortunadamente se ha dado una serie de cambios comerciales que están causando que esa aportación disminuya, no porque queramos, sino porque la carga se ha desviado a otros puertos.

¿Cuáles son los principales problemas?
Básicamente ha habido un incremento de capacidad de otros puertos y terminales privadas que se produjeron en 2016, una vez que concluyeron sus obras de ampliación, pues atacaron el mercado de nuestra línea.

Pero cuando firmaron el contrato de concesión, ustedes ya conocían de la existencia de estos puertos privados.
Efectivamente, ya sabíamos de la existencia y respetamos la competencia, pero siempre que estuviera dentro del marco de la ley de la libre competencia. El problema es que, con el incremento de puertos, la fuga de carga ya es demasiado evidente y el impacto económico también.

¿Qué solicitan ustedes ante este escenario?
Hay que conseguir que el puerto concesionario tenga las mismas condiciones que tienen los demás. Nosotros no queremos que desaparezca absolutamente nadie, pero sí que haya una regulación. Nosotros pagamos una tarifa variable por prestación de servicio público.

La Constitución marca que determinados servicios públicos, entre ellos el portuario, es potestad exclusiva del Estado. Nadie puede prestar un servicio público, a no ser que esté delegado de forma extraordinaria; y eso es una concesión.

¿Cómo afectará a la competitividad la construcción del puerto de Posorja?
Habrá competitividad y sobrecapacidad portuaria en el país; eso puede repercutir negativamente en el desarrollo de los puertos, si no tienen una rentabilidad adecuada para seguir invirtiendo.

A veces se cree que, porque construyes un puerto, la carga se multiplica. Eso es incorrecto. Lo único que pasa es que se divide la carga, baja la actividad y se diluye el negocio.

Nosotros entramos con unas condiciones que no se parecen a las de Posorja, que tiene unos incentivos muy fuertes para la operación; indirectamente eso es una financiación del Estado.

Nosotros hemos invertido $ 350 millones; hemos hecho en 10 años lo que teníamos que hacer en 20 y seguiremos invirtiendo. Estamos trabajando conjuntamente con las autoridades para que se den las condiciones y nosotros podamos seguir siendo la “gallina de los huevos de oro” del Estado.

Si quieren abrir más puertos, que los abran, pero peleemos todos igual. Esperamos que el Estado entienda la situación y busque solventarla. (I)