La Contraloría General del Estado prevé realizar un examen especial a Seguros Sucre, firma estatal con la que contrata el sector público.

El gerente general de la aseguradora, Dayan Argüello, señaló que esta auditoría, sin fecha aún, es potestad del órgano de control y examinarán aspectos administrativos, financieros, procedimientos y el cumplimiento de la normativa vigente.

El representante de Seguros Sucre, que tiene como principal accionista a la Corporación Financiera Nacional (CFN), indicó que la empresa es una de las más reguladas del país, pues es vigilada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, además de la Contraloría.

Actualmente este órgano de control ya ejecuta otros tres exámenes, dos son a las operaciones administrativas y financieras de la empresa de 2014 a 2018 y el otro es una auditoría a la fusión con la Compañía de Seguros Rocafuerte.  

“Vamos a ver si al contratar con las distintas instituciones públicas de manera directa, se cumplieron con todos los requisitos que exige la ley para la aplicación del régimen especial para la contratación”, señaló Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), quien sostuvo que Seguros Sucre mantiene un “monopolio”.

Aspiazu basa su argumento en la disposición que dio el anterior gobierno, de que todas las empresas públicas contraten de forma directa, es decir, sin concurso.

La figura utilizada fue de régimen especial, acogiéndose al Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Pero Diego Guzmán, presidente de Seguros Sucre, cuestionó esta aseveración, pues la compañía apenas tiene el 16% de un mercado de aproximadamente $ 1.500 millones.  

De acuerdo a la Superintendencia de Compañías, la aseguradora estatal tiene el 15% del mercado según sus primas netas emitidas hasta junio de 2018, le sigue Seguros Equinoccial con el 10% y Chubb Seguros Ecuador S.A. con el 9%.

“Las aseguradoras privadas deberían preocuparse por obtener beneficios y captar el 80% que queda al mercado nacional”, señaló Guzmán durante una entrevista televisada.

En ese mismo sentido, Argüello dijo a EL TELÉGRAFO que no se puede configurar una competencia desleal, pues Seguros Sucre cumple la normativa que dispone que el Estado contrate bajo régimen especial con una empresa que tenga más del 50% de capitales públicos.   

Aseguró que no cabe hablar de la configuración de un monopolio, porque bajo esa categoría una empresa impone las condiciones y precios a las entidades que contratarán.

“En nuestro caso las entidades públicas determinan cuáles son las condiciones y qué presupuesto tiene para la contratación de seguros”, puntualizó el directivo.

El representante del CEE cuestionó el supuesto incumplimiento del pago de las pólizas por siniestros y basa su acusación en una carta enviada al presidente de la República, Lenín Moreno, por el hasta entonces director de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), Édisson Garzón, quien renunció la semana pasada.

En el documento con fecha 10 de enero figura la falta de pagos a varias empresas públicas, como Tame, Petroamazonas, Celec, Petroecuador, entre otras, por más de $ 206 millones.

Ante esto, el gerente de Seguros Sucre aseguró que la información es errónea, pues en la misiva se detallan valores pendientes a empresas que no tienen contrato con la aseguradora y agregó que el monto que queda pendiente de pago es de $ 1,6 millones.

El funcionario detalló que hay procesos por pagar, pues tras el reporte de siniestros  las empresas no han entregado la documentación completa.

Por su parte, Patricio Salas, presidente de la Asociación de Compañías de Seguros (Acose), manifestó que el Gobierno debe realizar reformas legales que propicien la competencia de todas las compañías en el mercado de seguros de las instituciones públicas. (I)