Cuando faltan menos de dos semanas para las elecciones seccionales, la consulta popular para decidir sobre la producción minera a gran escala en la localidad de Quimsacocha, de la provincia de Azuay, se entrampa jurídicamente.

El miércoles, un juez de la provincia de Pichincha suspendió temporalmente el referéndum hasta que haya un pronunciamiento de la Corte Constitucional.

La decisión responde a las presuntas afectaciones a los derechos de un colectivo ciudadano que respalda el desarrollo del proyecto aurífero Loma Larga, a cargo de la empresa canadiense INV Metals.

Pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitó al juez la revocatoria de su sentencia, aduciendo que existe ya un fallo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que dio luz verde a la realización de la consulta popular.

“Si suspendemos el proceso de consulta, entramos en desacato con el Tribunal Contencioso y si continuamos con el proceso, desacatamos el fallo de la corte de la unidad judicial”, reconoció la presidenta del CNE, Diana Atamaint.

Por esta razón, el organismo electoral enviará a la unidad judicial los argumentos en los que se basaron para llamar a la consulta popular en Quimsacocha en la espera de que se revea el fallo. Además, pondrán en conocimiento del TCE el embrollo jurídico en el que ha caído el proceso de consulta popular.

El ministro de Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez, manifestó el jueves 14 de marzo que el Poder Judicial tiene independencia en sus decisiones y negó que exista presión de parte del Gobierno para favorecer a la minería.

Al contrario, cuestionó a “ciertas organizaciones sociales” por presionar a los magistrados, incluso con amenazas, aunque no precisó nombres.

De su lado, la organización indígena Ecuarunari rechazó el dictamen del juez y exigió al CNE mantener su resolución para que se desarrolle la consulta en la fecha prevista.

Blanca Chancoso, presidenta de la Ecuarunari, advirtió que pedirán la destitución del juez que emitió las medidas cautelares. (I)