Luego del anuncio de la decisión presidencial de cerrar el Fideicomiso Yasuní ITT, que buscaba recaudar fondos para mantener el crudo bajo tierra, se han generado diversas reacciones, y una de ellas es que se realice una consulta popular para que sean los ecuatorianos los que elijan el destino de la reserva ecológica.
Esta propuesta fue aceptada por el jefe de Estado, Rafael Correa, según lo afirmó en el informe sabatino que se realizó en Pichincha.

Pero para que este recurso democrático sea aplicado, primero las organizaciones sociales deben presentar una propuesta al Consejo Nacional Electoral (CNE). Nubia Villacís, consejera del organismo de control, detalló que una vez que ellos reciban la solicitud, el pleno deberá reunirse para determinar si la solicitud no consta en una de las prohibiciones que prevé la ley electoral.

En el capítulo 4  del cuerpo legal, que trata sobre la iniciativa popular, en su artículo 195, se detalla como una limitación los “asuntos relativos a tributos o a la organización política administrativa del país, salvo lo dispuesto en la Constitución”.

Si  presentan la solicitud al CNE, éste debe revisar su legalidad y enviarla a la Corte ConstitucionalDe no ser así, la propuesta será enviada  a la  Corte Constitucional para que se pronuncie sobre la pregunta que se plantea y dé su aprobación.

Villacís recordó que se debe determinar primero si la consulta la harán de forma local o nacional.

Según consta en el Código de la Democracia, en el instructivo para la validación de documentación de respaldo para consultas populares, en el artículo 7, el requisito es presentar no menos del 5% del total del padrón electoral registrado en el último proceso. En los registros del CNE consta que los electores registrados en el país para las elecciones de 2013 fueron 11’682.314, es decir que para una consulta popular de injerencia nacional se necesitan 584.116 rúbricas de respaldo.

Mientras que si fuera de manera local, las firmas de respaldo deben ser no menores al 10% de los inscritos en el padrón electoral de esa jurisdicción, según la misma ley.

La consejera explicó que luego de pasar por este proceso, el CNE les entregará una clave para que puedan imprimir los formularios y recoger las firmas.

Carlos Pérez, representante de la Ecuarunari, mencionó que el próximo jueves se reunirán en Quito los representantes de varias organizaciones sociales para analizar detenidamente el planteamiento que propondrán al CNE, pero que en el caso de su organización no encuentran otra solución que la consulta popular. “No queremos recoger firmas y que luego nos digan que no sirven, debemos hablar con los del CNE para que nos digan cuáles son los trámites legales y si necesitamos formularios especiales”, detalló el representante indígena.

Una de las principales vías que han encontrado las personas para mostrar su inconformidad con el anuncio presidencial son las redes sociales. Como lo hizo Fander Falconí, quien participó en la iniciativa ambiental. “Es vital para una democracia vigorosa consultar al pueblo decisiones fundamentales. Estoy de acuerdo con la consulta popular sobre el Yasuní”, escribió.

Martha Roldós, excandidata a la Asamblea Nacional por la Coordinadora de las Izquierdas (Pachacutik- MPD), manifestó que es importante que se realice la consulta y que estaría dispuesta a recoger firmas, pero aún no se ha coordinado de forma oficial. “Tenemos que tener cuidado con la pregunta que deben formular  las organizaciones sociales, para evitar trampas”, resaltó.

La propuesta de explotar el Yasuní aún no llega a la Asamblea Nacional, entidad que debe analizar los informes técnicos y analizarla en dos debates, de 45 días cada uno, según explicó Marcela Aguiñaga, vicepresidenta del Legislativo.

La integrante del Consejo de la Administración Legislativa (CAL) explicó que no se pueden pronunciar sin antes conocer los informes y recibir a las partes involucradas.

En el Código de la Democracia consta que “la consulta que la Asamblea realice a la ciudadanía, únicamente podrá versar sobre la autorización o no para realizar actividades extrativas de los recursos no renovables en áreas protegidas o en zonas declaradas como intangibles”.

Cien personas protestaron en la capital

Desde la Cruz del Papa, en el Parque La Carolina, norte de Quito, un centenar de  jóvenes se movilizaron ayer para protestar en contra de la explotación petrolera en el  Bloque Yasuní ITT.

Estefanía Racines, quien participó en  este encuentro, manifestó su desacuerdo ante la decisión tomada por el Ejecutivo. “No quiero presenciar la destrucción de la reserva ecológica, que es un gran regalo que  nos ha dado la tierra no solo para nosotros sino también para futuras generaciones”, señaló.

“Imaginen si hubiera un derrame de petróleo en el Yasuní, sería una destrucción ecológica;  además, ahí viven seres humanos que desaparecerán si se lleva adelante la explotación petrolera”, dijo  Pablo Piedra, otro ciudadano que intervino en las protestas.

En este marco, los jóvenes apoyan la propuesta de realizar  una consulta popular para definir si se explota o  no el campo ITT.   

La marcha, que fue convocada a través de las redes sociales, avanzó  hasta el Centro Histórico de la capital y tenía previsto llegar hasta los exteriores del Palacio de Gobierno, pero fue detenida por cercos policiales. No se presentaron enfrentamientos.

En Ambato también se registró una protesta de un pequeño grupo de personas. Mientras que para la tarde de ayer estaba prevista una concentración en la Plaza San Francisco, en Guayaquil.