El desarrollo de un país implica la vinculación esencial de dos factores: el social y el económico, cuya relación propende a lograr una estabilidad integral, que se expresa en mejores condiciones de vida, redistribución justa y equitativa de la riqueza, inclusión y cohesión social. En el caso ecuatoriano, el modelo de desarrollo se enmarca en el Buen Vivir, cuyos principios se expresan y sostienen en la Constitución.

La planificación del desarrollo que dicta la Constitución ecuatoriana se la efectúa acorde a los lineamientos del Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV), en el que se establecen las directrices fundamentales para determinar las estrategias necesarias que lleven al país a alcanzar los objetivos contemplados en nuestro modelo de desarrollo.

Los objetivos del PNBV buscan la igualdad, la inclusión y la equidad social y territorial, respetando la diversidad y mejorando la calidad de vida de todos los ecuatorianos. Bajo estos preceptos se impulsa el cambio de la matriz productiva que, además, requiere políticas económicas de largo aliento que fortalezcan el Estado de derecho y garanticen el intercambio de bienes y servicios en un mercado competitivo.

En este sentido, se requieren políticas transparentes que dinamicen las reglas económicas de un país y que se ajusten a las necesidades de la población. Por un lado, la política económica engloba diversas áreas, como la monetaria, cambiaria, financiera, comercial, social y la fiscal, que ha cobrado una importancia trascendental en el caso ecuatoriano, debido a la dolarización.

Por otro lado están los componentes de la política fiscal, los ingresos y los gastos configuran el Presupuesto General del Estado (PGE), que deviene en la implementación de obras, programas y proyectos de interés nacional.

En lo concerniente a los ingresos, los tributos financian más del 50% del presupuesto, lo cual significa que hay una mayor sostenibilidad de las finanzas públicas, para que el Gobierno promueva y dinamice el desarrollo nacional, evitando la dependencia de los recursos no renovables. En este contexto, se vuelve indispensable una eficiente administración de los impuestos.

Es así que en 2013 el Servicio de Rentas Internas (SRI) recaudó $ 12.758 millones, es decir, $ 1.500 millones más que en 2012, superando así las metas planteadas. En los siete años de la actual gestión se recaudaron $ 60.660 millones, obteniendo 173% de crecimiento, mientras que durante los 7 años anteriores apenas superó los $ 20.000 millones.

Hasta noviembre de 2014, la recaudación alcanzó $ 12.507 millones, superando en un 7% a la recaudación del mismo período del año anterior.

El Impuesto a la Renta (IR) tuvo un crecimiento notable este año, con $ 3.970 millones de recaudación, lo que representa un crecimiento de 9% respecto de 2013. Mientras que por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) la entidad recibió $ 5.973 millones, lo que significa un crecimiento de 5%, respecto de 2013.

En relación al gasto público, el SRI menciona que el PGE se ha destinado prioritariamente a impulsar el cambio de la matriz productiva. “De ahí la importancia de configurar un entorno de eficiencia de los sectores estratégicos frente al cumplimiento de las metas propuestas para alcanzar mejoras en las condiciones de vida de los ecuatorianos. Es así que la asignación de los recursos presupuestarios en estos últimos años se ha direccionado a favor del gasto social a través de la inclusión productiva”.

El Gobierno ha destinado el gasto a obras y proyectos de gran magnitud. Por ejemplo, la inversión en los sectores estratégicos creció 29 veces de 2007 a 2013. Se ha destinado aproximadamente $ 4.500 millones para proyectos hidroeléctricos que ya están en marcha.  

Se ha invertido $ 6.402’162.947 desde 2007 al 30 de septiembre de 2013 en proyectos de vialidad y obras públicas. En materia educativa, se aumentó en más de 3 veces el monto de inversión entre 2006 ($ 1.083,5 millones) y 2013 ($ 3.289,8 millones). Hasta 2013 se entregaron 6.698 becas para que jóvenes ecuatorianos realicen sus estudios superiores en las mejores universidades del mundo.

También se invirtió alrededor de $ 2.000 millones en salud pública en 2013 y más de $ 9.000 millones en el Gobierno actual. Este monto representa tres veces más que lo invertido por los 4 gobiernos anteriores juntos ($ 2.588 millones).

“Se están sentando las bases para que la estructura económica y social, que por décadas ha sido injusta e inequitativa, ahora permita generar oportunidades para los ecuatorianos. Cada institución gubernamental debe planificar en función de las necesidades de la población, con el propósito fundamental de eliminar la pobreza y desigualdad social”.

Y en ese camino, entre junio de 2012 y 2013, la pobreza por ingresos en Ecuador bajó 1,7 puntos porcentuales. En los últimos 8 años el PIB incrementó en un promedio anual de 4,2%, mientras que a nivel de América Latina fue de 3,5%.

La política fiscal implica la obtención de los recursos con los que aportan los ciudadanos en forma de tributos para obras y proyectos en beneficio de todos los ecuatorianos. “Al pagar responsablemente los impuestos aportamos con la transformación de la matriz productiva, garantizamos el bienestar de los sectores más vulnerables, pero sobre todo dinamizamos una economía solidaria, comprometida con la distribución igualitaria de la riqueza… porque el desarrollo se financia con equidad y justicia”, indicó la entidad tributaria.