La Comisión de Justicia recibió este miércoles 29 de marzo al superintendente de Bancos, Christian Cruz, en el marco del análisis del proyecto de ley orgánica para la aplicación de la consulta popular efectuada el 19 de febrero de 2017, que busca que ninguna autoridad de elección popular o servidor público pueda desempeñar funciones si tiene capitales o bienes en paraísos fiscales.

Cruz solicitó que en el cuerpo legal se incluya una exigencia para que quienes ocupen o lleguen a ocupar cargos en el sector público, emitan una autorización a todos los organismos de control, a fin de que puedan contar con herramientas que les permitan tener toda la información necesaria en los paraísos fiscales o países de menor imposición. "Esta propuesta garantizará una verdadera aplicación de la ley". 

"Nosotros como Superintendencia tenemos el marco legal, que es parecido al que tratamos, pero encontramos este problema de poder obtener información por parte de los otros países", explicó.

El superintendente dijo que el país cuenta con el Código Monetario y Financiero que prohíbe que los bancos o accionistas tengan inversiones en entidades financieras constituidas o por constituirse en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición a la del Ecuador. En ese momento, recordó que algunas ya las tenían, por lo que se incluyó una disposición para que en un período de un año realicen el proceso de desinversión.

Cruz contó que en el 2013 solicitaron información de accionistas a Panamá y también de personas naturales de quienes habían adquirido el Banco Bolivariano de Panamá y un año después de quien obtuvo el Banco Banisi S.A . Después, en dos ocasiones, en el 2016, insistieron en la entrega de la información e incluyeron la ampliación de accionistas de Austrobank. Sin embargo, la respuesta llegó en 2017, en la que la Superintendencia de Bancos de Panamá comunicó que no puede remitir datos sobre los accionistas hasta personas naturales, en virtud del artículo 110 de la Ley Bancaria de ese país, por la Confidencialidad Administrativa.

Ante la Comisión compareció también Leonardo Orlando, director general del Servicio de Rentas Internas (SRI), quien presentó un amplio informe sobre la situación de los servidores públicos inmersos en el tema de paraísos fiscales.

Mencionó que hay 20.288 servidores públicos con transacciones de entrada o salida de divisas con países o jurisdicciones considerados paraísos fiscales, de ellos 3.266 tendrían depósitos o transferencias desde cuentas que también son titulares, es decir, el 16,1% del total del universo hizo movimientos o transferencias a cuentas propias o lo reciben desde cuentas identificadas como propias, según datos del sistema financiero.

Aseveró que preocupa el significativo número de funcionarios que tienen cuentas en paraísos fiscales. "El gobierno demostró y denunció la red de corrupción en Petroecuador, cuyo modus operandi fue la creación de empresas y mantenimiento de cuentas domiciliadas en paraísos fiscales".

Planteó elevar a nivel de ley el criterio para catalogar a un paraíso fiscal; incluir en la normativa a los empleados de las sociedades cuyo capital accionario pertenece en más del 50% al Estado, así como a trabajadores de las empresas públicas, notarios, registradores. Además, incorporar figuras "antielusión" para impedir que se oculte a los verdaderos propietarios o beneficiarios directos de fideicomisos, de las instituciones sin fines de lucro, etc. (I)

Fuente: Asamblea Nacional