La Comisión de Régimen Económico Tributario de la Asamblea avocó este viernes conocimiento del proyecto de Ley Orgánica de Redistribución del Gasto Social, normativa enviada ayer por el Ejecutivo con el carácter de económico urgente.

El artículo 140 de la Constitución determina que, en caso de los proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica, la Asamblea deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos, dentro de un plazo máximo de 30 días, a partir de su recepción.

Para cumplir el análisis dentro del plazo, los integrantes de la Comisión comenzaron a delinear cronogramas. Los diez días que tiene la Comisión para aprobar el informe para primer debate concluyen el 5 de noviembre, y así la convocatoria a su tratamiento en primera instancia podría ser en torno al 8 de noviembre.

"Luego vendrían los cuatro días que nosotros tenemos, por lo tanto entre el 13 o 14 podríamos votar el informe para segundo y último debate, para de esta manera dar el tiempo suficiente para que el Presidente de la Asamblea convoque al segundo y definitivo debate el 20 de noviembre", explicó Francisco Velasco, presidente de la Comisión.

Asimismo se determinaron convocar futuras comparecencias de representantes del área estatal, como de los ministerios de Inclusión Económica y Social, Coordinador de la Política Económica, así también Superintendencia de Bancos y Servicio de Rentas Internas (SRI).

En el proyecto remitido por el Ejecutivo a la Asamblea, se recuerda que la Constitución establece, entre otros deberes primordiales del Estado, "la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir".

Añade que para cumplir con esos derechos y garantías constitucionales es necesario "corregir ciertas distorsiones generadas en la adopción y aplicación de políticas que se generaron en beneficio general y de sectores necesitados, pero que se han convertido en fuente de enriquecimiento para uno de los sectores minoritarios, de mayor poder económico, con evidente perjuicio del bien común y de la economía del Estado".

Así plantea reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno, la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, la Ley de Economía Popular, la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, y la Ley de Creación del Sistema de Rentas Internas.

En el texto se expone también que la banca ha tenido beneficios de 601 millones de dólares en los últimos dos años y señala que se debe "exigir a quienes tengan una mayor capacidad económica que soporten una mayor carga tributaria".

Añade que "para poder financiar parte del Bono de Desarrollo Humano, que va a beneficiar a las personas más pobres del territorio ecuatoriano", resulta "necesario" el establecer ciertos impuestos a las utilidades de instituciones financieras.

Alcara que los impuestos que se cobrarán a la banca e instituciones financieras no son producto de una preasignación, "sino en aplicación de una política tributaria", y que no serán destinados necesariamente en su totalidad a financiar el bono, sino que "también podrían ser utilizados para otras actividades redistributivas de riquezas".