El ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco, justificó ayer la posible enmienda al artículo 326 de la Constitución que unificaría el marco jurídico para funcionarios públicos. Dijo que “no es posible” que tanto los llamados obreros como los servidores o empleados dependan de 2 cuerpos jurídicos diferentes.

Durante una entrevista, Carrasco expresó que “no cabe siquiera, a esta altura de la historia, tener esta subdivisión que es falaz entre trabajadores que ejercen una actividad física y aquellos que gastan el intelecto”, pues -a su criterio-, se tratan de seres humanos con igual talento.

“Ya no cabe esa subdivisión forzada y está bien que exista un solo marco jurídico que regule las relaciones de los trabajadores públicos a todo nivel”, enfatizó.

Actualmente se encuentran en vigencia el Código de Trabajo y la Ley Orgánica del Servicio Público.

El numeral 16 del artículo que se espera enmendar dice: “en las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado, en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por el Código del Trabajo”.

El titular de Relaciones Laborales recordó que los 2 cuerpos jurídicos tienen regulaciones distintas y puso como ejemplo el tema de las vacaciones.La ley actual contempla 30 días de vacaciones para los servidores públicos y solamente 15 para los obreros.

Incluso -detalló-, las tablas remunerativas en el Código de Trabajo son sustancialmente menores que las de la Ley Orgánica de Servicio Público, por lo tanto “hay que acabar con estas inequidades”.

Respecto al reclamo de sectores obreros sobre la sindicalización de los empleados o servidores quedaría abolida con esta reforma, Carrasco dijo que esto “de ninguna manera” ocurrirá, sino que, por el contrario, estará absolutamente garantizada. “Yo no veo dónde está el problema de que se organicen bajo otra denominación”, expresó.

Respecto a la participación del Estado en las utilidades de las operadoras telefónicas, reiteró su postura de que en algunos sectores laborales se genera una importante cantidad de inequidades, como en este caso el espectro radioeléctrico.

“Yo pregunto ¿cuántos ecuatorianos reciben utilidades? No será que así como la distribución injusta del ingreso y de la riqueza es un problema social, también lo será que unos tengan trabajo y otros no, y que unos tengan utilidades altas y otros ninguna?”, reflexionó.