La propuesta de que en Ecuador se reduzcan las brechas salariales entre ejecutivos de alto nivel y trabajadores de menor categoría, genera expectativas y polémica a la vez.

Ayer, durante un taller con representantes de varios sectores en Cuenca, el ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco, dijo que “la equidad también significa acortar las brechas”, y que, en tal sentido, la reforma que sugiere que los puestos directivos no sean remunerados con más de 20 veces de lo que recibe un colaborador básico pretende que “los salarios bajos no sean tan bajos” y no impedir que los directivos ganen $20.000 o $30.000 si quieren.

El titular de Relaciones Laborales señaló que para la aplicación de esta reforma, en caso de que sea aprobada por la Asamblea, se deberá construir una metodología que tome en cuenta variables como la naturaleza de las empresas, su tamaño y el número de trabajadores.

Las normativas -agregó- serán trabajadas conjuntamente con empleadores y trabajadores.

Rafael Mera, quien labora en una empresa de agroquímicos, cree que sería bueno que los ingresos se repartan equitativamente, pero considera que hay salarios que dependen de la carga laboral y la responsabilidad del ejecutivo. “Es complejo y tal vez ambas posturas generen incomodidad”, expresó.

Ecuador sería el primer país en el mundo en normar el tema de brechas salariales, mencionó Carrasco; sin embargo, recordó que en Suiza se realizó este año un referéndum para proponer que el sueldo básico se fije en 4.000 euros, con un tope de 48.000 euros al más alto.

El funcionario señaló que, si bien la consulta no fue aprobada por la mayoría en ese país, en Europa ya se está “hablando con mucha fuerza ética” de este tema.

Hasta ahora la postura empresarial ha sido opuesta a la visión del Gobierno en cuanto a reducir la brecha salarial.

El miércoles el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) se reunió con Carrasco para exponer sus reparos y discutir sobre otros temas.

Roberto Aspiazu, titular del CEE, dijo ayer durante una entrevista radial que la ejecución de la reforma tendría complicaciones, pues generará costos muy altos a las empresas. Aspiazu puso como ejemplo que si se quisiera elevar el salario a un ejecutivo a $ 14.000, eso equivaldría a aumentarlo a $ 700 a cada empleado, lo que, transferido a una empresa de 1.000 empleados, resultaría en un gasto de $ 200.000.

“Esa disparidad generará inconvenientes porque los costos de mano de obra se trasladarán al costo de manufactura y restará competitividad a la empresa”, apuntó el empresario.

Por otro lado, expresó que la propuesta no concuerda con el concepto de la economía del conocimiento cuyo capital humano altamente capacitado es prioritario. Los empresarios trataron también con Carrasco el alza salarial para el próximo año.

El gremio pidió que se tome en cuenta exclusivamente la inflación, que es del 4%, y que el tema de la productividad sea estudiado a profundidad.