De los $ 88 millones establecidos en glosas por 19 auditorías realizadas al Instituto de Seguridad Social (IESS), $ 83 millones se derivaron de los exámenes a la contratación de infraestructura, equipamiento y compra de insumos médicos.

Las irregularidades identificadas en los hospitales Los Ceibos; Machala; San Francisco; Quito Sur y Centro Médico La Mariscal tienen incumplimientos legales en común relacionados con la falta de estudios completos, inobservancia a especificaciones técnicas y retrasos en los cronogramas.  

Además, los hospitales construidos bajo régimen especial no cumplieron con los sustentos legales; se identificaron convenios de crédito para financiar las construcciones, a pesar de contar con los fondos, por lo que fueron señalados varios funcionarios de la institución.

Según dio a conocer el contralor Pablo Celi, quien presentó el plan de control de IESS, las auditorías solo para infraestructura, equipamiento y compra de insumos recomiendan la destitución de 29 funcionarios. El organismo de control envió a Fiscalía dos indicios de responsabilidad penal.

Sin embargo, estos hallazgos se derivan de 13 exámenes ya aprobados y aún resta conocerse las conclusiones de otros 24 que se encuentran en ejecución, para saber con exactitud la realidad de la infraestructura hospitalaria del IESS, durante el gobierno de Rafael Correa.

Régimen especial sin sustento técnico

Contraloría realizó un examen especial a la construcción y fiscalización del equipamiento inmobiliario del Hospital Los Ceibos en Guayaquil, durante el periodo que va del 1 de enero de 2015 al 31 de enero de 2018.

Los trabajos en esta casa de salud fueron realizados bajo el Régimen Especial que, según la Ley de Contratación Pública, permite usarlo para atender circunstancias de emergencia, no planificadas, permitiendo la contratación directa. Pero la excepcionalidad para este caso no fue justificada con sustento técnico.

Esta megaobra, que fue inaugurada por el expresidente del directorio, Richard Espinosa, y por Correa, registró pagos adicionales injustificados por $ 27,8 millones, según la auditoría.

Las planillas pagadas por obras y equipamiento fueron superiores a las que se autorizó en el contrato original, algo que no fue corregido por las autoridades de turno.

INFOGRAFÍA

Créditos innecesarios

La auditoría concluye que el IESS adquirió un crédito con los bancos Deutsche Bank; Banco Santander; Société Génerale, sucursal España; Banco Bilbao Vizcaya Argentina; Sociedad anónima y Banco Popular Español suscrito el 28 de julio de 2016 por $ 64,9 millones,

La deuda se adquirió pese a que el Seguro Social contaba con los fondos para las obras. Esa transacción exige intereses por $ 8,2 millones. La misma irregularidad se encontró en las adecuaciones del hospital de Machala en el que, al igual que en Los Ceibos, las obras fueron realizadas bajo Régimen Especial.

Para el financiamiento se solicitó un crédito extranjero por $ 78,2 millones, pese a existir los fondos que cubrían el monto del contrato.

Hasta la fecha de corte en 31 de octubre 2017, el valor de los intereses ascendía  a $ 1,5 millones.

La auditoría también hace observaciones a las obras para la contratación, adecuación, remodelación y fiscalización del centro médico familiar de diálisis La Mariscal, durante el periodo 1 de junio de 2015-31 de diciembre de 2017.

Durante dicho lapso se firmó un contrato para la remodelación del edificio ubicado en la avenida Colón, centro-norte de Quito, para quirófanos y consultorios.

Sin embargo, errores de la planilla y de cálculos ocasionaron un pago en exceso al consorcio VYP por $  23.741 sin que se hayan realizado los correctivos.

Por otra parte, fueron instalados equipos como cámaras y sensores biométricos que no cumplieron con lo estipulado en el contrato. Así mismo, no se cumplieron las especificaciones técnicas al sistema contraincendios de la casa de salud.

Otros incumplimientos se encontraron en la construcción del Centro de Salud tipo C en Cuenca. Allí, al igual que en las otras obras, previo al inicio de la contratación no se contó con estudios, diseños completos, definitivos y actualizados, inobservando la ley de contratación publica.

Los funcionarios encargados no realizaron un adecuado control, no advirtieron la falta de estudios, lo que provocó la dilatación de los cronogramas. (I)