La función Ejecutiva tiene diez días para incorporar en el Presupuesto General del Estado (PGE) las 17 recomendaciones que aprobó este jueves 29 de noviembre la Asamblea Nacional, después de debatir por más de siete horas la proforma para 2019.

Noventa votos afirmativos dieron paso a la moción presentada por Esteban Albornoz (AP) de “observar” el presupuesto fiscal que asciende a $ 31.318 millones.

Un total de 31 asambleístas participaron de un intenso debate, durante la sesión 557 del pleno de la Asamblea Nacional.

Quienes se pronunciaron a favor de la resolución lo hicieron argumentando que que el documento requiere ajustes. Es la primera vez en nueve años que la Asamblea decide observar el PGE.

La jornada tuvo inicio a las 11:20 y terminó cerca de las 19:00. El primero en intervenir fue Richard Martínez, ministro de Finanzas.

Durante 29 minutos defendió las asignaciones y proyecciones expresadas en la proforma, la cual, dijo, busca corregir el desequilibrio fiscal sin medidas de shock.

Empezó describiendo que el país vive un momento “complejo”, una situación fiscal “insostenible”, producto de un elevado gasto público ejecutado “sin responsabilidad, sin pensar en las próximas generaciones”.

El presupuesto del próximo año, sin contar con la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios, representa el 27,7% del Producto Interno Bruto (PIB). Se calcula un déficit fiscal del 3,2% del PIB.

Los ingresos (permanentes y no permanentes) se proyectan en $ 27.202 millones, mientras que los gastos totales serán $30.858,08 millones.

El precio promedio del petróleo, uno de los principales indicadores de la proforma, es de $ 58,29 por barril.

Martínez sustentó la proyección del crudo en informes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Agencia Reuters, que pronostican precios promedios de $ 68 y $ 70,15, respectivamente.

No obstante, ante la caída que ha sufrido el precio internacional del petróleo en días recientes y por recomendación de la Comisión de Desarrollo Económico, Finanzas ya trabaja en un plan contingente en caso de que se presente otro escenario.

Las cifras dividieron las opiniones de los legisladores. Mientras tanto, en los exteriores del palacio Legislativo decenas de estudiantes universitarios gritaban consignas exigiendo mayores recursos para la educación pública.

El tráfico sobre la avenida Gran Colombia, centro norte de Quito, tuvo que ser desviado por agentes de Tránsito y por la Policía Nacional.  

Al interior del pleno, Esteban Albornoz (AP), presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, exponía el informe del presupuesto, el cual sostiene que las asignaciones para Salud y Educación cumplen con la norma constitucional de incrementar el 0,5% del PIB cada año.

El PIB para 2019 se estima en $ 113.097 millones, cantidad que es cuestionada por diversas bancadas políticas.

Apoyado con diapositivas, Albornoz indicó que la preasignación para educación inicial, básica y bachillerato es de $ 4.102,28 millones y que frente al presupuesto codificado a septiembre de 2018 representa un incremento de $ 565,57 millones (3,63%).

Para el Sistema Nacional de Salud, la proforma fija $ 3.968,84 millones, lo que frente al codificado a septiembre significa un incremento de $ 566,01 millones (3,51%). Uno de estos rubros tendrá una importante corrección.

Se trata del monto proyectado para universidades y escuelas politécnicas públicas, que en el documento original  muestra una reducción de $ 145,1 millones frente al codificado de 2018. Luego de llegar a un acuerdo con los rectores de los establecimientos públicos, Finanzas se comprometió a mantener el presupuesto aprobado para 2018, es decir $ 3.851 millones.

El cálculo de estas asignaciones fue uno de los temas centrales de la discusión en la Asamblea, pues hay opiniones que consideran que el incremento debe hacerse con base al presupuesto aprobado. La cartera de Finanzas tomó como referencia el presupuesto codificado hasta septiembre de 2018, esto es lo que realmente se gastó o consumió en el año.  

Pero legisladores como Silvia Salgado (PS), presidenta de la Comisión de Educación, lo rechazan y advierten de disminuciones en los recursos que prevén entregarse el próximo año.

Al respecto, en su intervención Martínez negó que peligren los fondos para la alimentación escolar y otros programas. De hecho, aseguró que la asignación contempla la construcción de 61 nuevas unidades educativas y que al gasto social le corresponden $13.028 millones.

Asambleístas como Pabel Muñoz (RC) y Mae Montaño (Independiente) se refirieron al nivel actual de la ejecución presupuestaria que ronda el 23%. Ambos tuvieron reparos en cuanto a que las cifras de la proforma no guardan coherencia con la ejecución. (I) 

Observaciones
Recursos para universidades
La Función Ejecutiva realizará la  reasignación de recursos fiscales por concepto de gratuidad y otros a favor de las Instituciones de Educación Superior (IES) con el fin de que cuenten con los mismos recursos del presupuesto 2018.

Informe sobre deuda
El Ministerio de Economía y Finanzas presentará a la Comisión de Desarrollo Económico un informe sobre el estado actual del saldo de la deuda pública, en relación con lo dispuesto por la Ley de Fomento Productivo.   

Pagos a servidores públicos
Los ministerios de Economía y Trabajo elaborarán un plan de pago de la totalidad de los haberes pendientes por incentivo a la jubilación de los servidores públicos. Su ejecución debe ser comunicada a la Asamblea Nacional de manera semestral.

Ingresos por concesiones
La Comisión de Desarrollo Económico recomendó que se revise la clasificación de los ingresos de $ 1.000 millones esperados por nuevas concesiones y se aclare si corresponden a ingresos permanentes o no permanentes.   

Plan de pagos al IESS
Durante el primer semestre de 2019 se establecerá un mecanismo para la determinación del monto anual correspondiente a la transferencia del 40% del rubro de pensiones al IESS.  

Plan frente a precio de crudo
Finanzas debe contar con un plan de contingencia en caso de que el precio del barril del petróleo no alcance lo establecido en la proforma ($ 58,29), donde además se revisen los montos para subsidios.