La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional recibió este 4 de septiembre del 2019, a Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, para que informe sobre la situación de las concesiones mineras en la provincia de Bolívar.

Esto frente a la solicitud del asambleísta Ángel Sinmaleza, quien aseguró que la población de la provincia (Sierra centro) no fue debidamente informada sobre estas concesiones, las cuales cree que podrían contaminar el medio ambiente.

Pérez dijo que un proyecto se encuentra en fase de exploración avanzada en una área de 14.810,48 hectáreas (ha), mientras que cinco proyectos más están en exploración inicial. Ninguno está en fase de explotación.

En total 131.541,48 ha fueron concesionadas para exploración en la provincia, es decir, el 33,34% del territorio.

“Cada proyecto tiene los permisos ambientales y ha cumplido los requisitos de ley para realizar esta actividad. El uso de agua es mínimo e incluso usan agua reciclada”, dijo Pérez.

Andrea Cárdenas, directora de la Agencia de Regulación y Control Minero, explicó que para realizar cualquier actividad minera se requiere de la licencia y plan de manejo ambiental.

Si no cumple con los requisitos legales, se suspenden las actividades, añadió al asegurar que se trabaja con otras instituciones para identificar casos de minería ilegal.

El legislador solicitó información sobre bajo qué condiciones se entregaron las concesiones mineras, los estudios del impacto ambiental de estos proyectos, las licencias de la Secretaría del Agua y del Ministerio del Ambiente, entre otra información.

Patricio Escudero, alcalde del cantón Echeandía, dijo ante la Comisión que se deben analizar mejor estas concesiones, debido a que en Bolívar hay afluentes que alimentan la cuenca del río Guayas, por lo que si se las contamina la afectación iría más allá de la provincia.

Sin embargo, León Ortiz, gobernador de Bolívar, aseguró que ha visitado los campos de exploración y no ha verificado ninguna contaminación. Dijo que se encuentra a la espera de pruebas contundentes sobre las denuncias de daño al medio ambiente. (I)