El pleno de la Asamblea Nacional discutió este miércoles en primer debate el proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular.

En el nuevo esquema legal en discusión se determina que ningún funcionario público o aspirante a una elección popular puede tener bienes o capitales en paraísos fiscales. “No es justo ni correcto que mucha gente que hizo su riqueza en Ecuador tenga sus recursos económicos en paraísos fiscales, donde no se revela información sobre los titulares de recursos económicos”, aseveró Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.

En su ponencia, Andino indicó que la Superintendencia de Bancos de Panamá registró depósitos por un monto de $ 2.134,78 millones ecuatorianos en el primer trimestre de 2016.

Dijo que la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico determinó que entre $ 5 y $ 7 billones se ocultan en paraísos fiscales. En América Latina el 22% de la riqueza se encuentra en empresas offshore, que en recaudación fiscal significa una pérdida de $320.000 millones por evasión y elusión fiscal, equivalente al 6,3% del PIB de la región.

Como ejemplo, Andino explicó  que si una empresa domiciliada en Ecuador recibe $ 1 millón de utilidades debe pagar 23% de Impuesto a la Renta ($ 230.000), 5% de impuesto a la Salida de Divisas ($ 50.000) y 15% de utilidades a los trabajadores ($ 150.000).

Si se multiplica por los $ 2.134,78 millones, el país dejaría de recibir $ 597,7 millones en impuestos y los trabajadores serían perjudicados en $ 320 millones por concepto de utilidades.

La asambleísta Gina Godoy, citando a la economista argentina Verónica Grondona, agregó que controlar la fuga de capitales tiene una estrecha relación con el desarrollo y los derechos humanos.

Por otro lado, Miguel Ángel Moreta, asambleísta por CREO, afirmó que “existe un intento de elevar a categoría de ley un capricho de odio contra un opositor político”.

Aseguró que si se desea combatir la corrupción, es preciso ampliar la normativa, incluyendo la ‘muerte civil’, para que no puedan ser candidatos ni cumplir cargos en el sector público quienes hayan cometido actos de corrupción.

Se prevé que esta ley sea aprobada antes del 13 de mayo. (I)