Con 105 votos a favor, 14 negativos, cero blancos y 14 abstenciones, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó ayer el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería, la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en Ecuador y la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Esto después de que el documento pasara  un amplio proceso de socialización, análisis y debate.

El proyecto, que fue enviado el pasado 16 de mayo por el presidente de la República, Rafael Correa, al poder legislativo, contiene reformas respecto a  varios temas, como el fortalecimiento  de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), el pago de rentas y regalías, impuestos a los ingresos extraordinarios, la entrega de licencias y defensa ambientales, entre otros aspectos.

Además, establece la eliminación del uso del mercurio en la actividad, sanciones a la minería ilegal, la creación de la mediana minería, capacitación a mineros artesanales, modificaciones a la compra de oro, responsabilidades tributarias, etc.

La Comisión de Régimen Económico y Tributario  de la Asamblea se encargó del análisis del proyecto. Por lo que realizó varias actividades para explicar las propuestas y recoger las observaciones de los actores sociales involucrados.

Los asambleístas emprendieron  un proceso de socialización del documento, en el sector minero del cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay; en Machala, provincia de El Oro; y en la parroquia San Carlos de Las Minas, del cantón Zamora, de Zamora Chinchipe.

En la socialización también participaron el viceministro de Minas, Richard Vera, y el subsecretario nacional de Desarrollo Minero, Jorge Espinosa.

De su parte, el sector minero solicitó que se facilitara la regularización de quienes tienen labores dentro de concesiones mineras, por lo cual pidieron  apoyo para la firma de contratos de operación.

Además, el organismo convocó a varios funcionarios y a sus delegados para  que expusieran los motivos del proyecto y sustentaran sus propuestas.    

Estuvieron presentesrepresentantes del Servicio de Rentas Internas (SRI), Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), el viceministro de Recursos Naturales No Renovables  y otros.

Tras presentar los respectivos informes con las observaciones pertinentes, el pleno de la Asamblea Nacional llevó a cabo el primero y segundo debate del documento, en los que varios parlamentarios expusieron sus posiciones frente a temas relacionados con la distribución de regalías, acciones y participaciones, el cambio de la matriz productiva, la protección de las fuentes de agua, que sea el fiscal que solicite al juez la destrucción de maquinaria incautada en caso de acciones ilegales  y otros detalles.

También se generaron cuestionamientos por parte de la dirigencia indígena, que solicitó que el proyecto pase primero por una consulta prelegislativa, petición que fue negada.

El documento ingresó  con carácter de económico urgente, lo que implicaba  que el poder legislativo tenía  un plazo máximo de 30 días para aprobarlo, antes de que  pasara por el ministerio de la ley, según lo establece  la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El proyecto contiene 33 artículos, 9 disposiciones generales, 7 transitorias y una final.