Los aranceles a las importaciones de computadoras, celulares y tablets se eliminarán. Aunque la medida no será inmediata, a la larga estos aparatos tecnológicos serán más baratos en el mercado nacional. 

Hasta julio de este año la importación de teléfonos y celulares ascendió a $ 314 millones, mientras que la adquisición de computadoras era de $ 141 millones. Cada una representó el 3,06% y el 1,38% de las importaciones totales del país, respectivamente (ver infografía).

Los aranceles para la importación de teléfonos celulares están gravados con el 15% y de las computadoras el 10%. El Gobierno espera reducirlos a cero.

Esta supresión arancelaria forma parte de las medidas económicas que anunció el Gobierno, el 1 de octubre de 2019, con las que busca reactivar la economía nacional.

A criterio de Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, la supresión de estos aranceles incentivará el despliegue de infraestructura; así como el incremento de la penetración de smartphones de 42% a 62%, mejorando la conectividad y la adopción tecnológica de la población.

Estas medidas va en función del programa Ecuador Digital que el Gobierno lleva a cabo para lograr la transformación digital del país. 
Iván Ontaneda, ministro de Producción y Comercio Exterior, aseguró que con esta medida los ecuatorianos accederán a la tecnología a precios similares a los de Estados Unidos.

Se prevé que este tipo de aparatos tecnológicos, una vez que entre en vigencia la eliminación de aranceles de importación, disminuyan el 40% el valor de venta al público.

Para Pablo Arosemena, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, además de que los precios serán similares a los de otros países, los clientes tendrán la ventaja de comprar a crédito, con garantía y con disponibilidad de repuestos.

Sin embargo, se debe considerar que al precio se agregará el costo del flete y del seguro.

Los valores bajarán de manera paulatina. Arosemena explica que los precios sin aranceles regirán con la nueva mercadería que se importe. Los almacenes deben vender primero los productos que tienen en stock.

Es así que los nuevos valores para la venta de los aparatos tecnológicos se observarán en los próximos meses.
Arosemena considera que disminuir los precios de esta tecnología ayudará a las personas a ahorrar y mejorar su competitividad.

Un celular, por ejemplo, permite a las personas ser más productivas y competitivas, pues pueden estar siempre conectadas.

“Tener acceso a tecnología más barata es una ayuda para incrementar la productividad de las empresas y la competitividad del país”, indica Arosemena.

Para Andrés Burbano de Lara, presidente del directorio de la Cámara de Innovación y Tecnología del Ecuador, es importante que estos aparatos tengan un precio más accesible para la población, porque hoy en día todo se maneja a través del móvil. Los servicios económicos en el mundo se digitalizan, por ejemplo.

“Actualmente un celular cuesta entre dos a tres veces más que en otros países”, comenta Burbano.
Plataformas digitales tributarán

El paquete de medidas económicas que presentará el Ejecutivo a la Asamblea Nacional incluye reformas tributarias que -entre varios objetivos- busca implementar el IVA a las plataformas digitales.

El Gobierno Nacional prevé recaudar por esta causa alrededor de $ 20 millones al año. La única información que se conoce es que seguirán el ejemplo de Colombia, donde ya implementaron esta regulación.

Aunque Arosemana considera que se deben tener las reglas del juego claras en igualdad de condiciones para todos, cree que los valores que se cobren a esta plataformas deben ser mínimos para que incentiven la formalidad, y no impuestos exorbitantes porque al final serán recargados en el precio de venta que paga el consumidor.

“Lo importante es no encarecer las cosas. Una cosa es cobrar impuestos para formalizar y otra cosa es cobrar impuestos para reventar el comercio y sacar la plata del bolsillo de la gente. Estamos de acuerdo con la primera”, dice Arosemena.

Sin embargo, Burbano cree que no es una buena idea cobrar impuestos a las plataformas digitales. “No es el mejor momento, porque Ecuador recién está entrando a la economía digital”.

David Meza, abogado experto tributario, explica que en los países que cobran impuestos a estas plataformas lo hacen a través de las tarjetas digitales, cuando el usuario paga el servicio.

Todo tipo de plataforma digital tiene una conexión con el sistema financiero nacional. En el momento que se realiza el interfaz entre el usuario y el sistema financiero, a través de la tarjeta, el Servicio de Rentas Internas puede identificar quién es el usuario del servicio. El mismo sistema financiero incrementa el impuesto al cobrar al consumidor final y lo transmite al Estado.

“Esta es una forma de regularizar para que estas plataformas digitales paguen impuestos”, dice Meza.
Estas plataformas se encuentran en países de menor imposición fiscal, la transacción no se registra en el país que se da el servicio por lo que no pagan impuestos.

Al no estar domiciliadas en Ecuador no se puede cobrar el Impuesto a la Renta, como cualquier empresa más que funciona en el país.
Según Meza, se puede cobrar un impuesto transaccional que será el IVA, pero esto significará que se incremente el costo a los consumidores.
“Este proyecto es positivo porque fomenta la competencia justa, todos los que generan ganancias deben pagar impuestos, dar seguridad con un ente de control a quienes realizan transacciones con estas plataformas extranjeras y se conocerá cuánto dinero se va al exterior”, indica Meza. (I) 

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En Colombia el pago se realiza desde el mes de julio

Desde julio pasado, las plataformas digitales extranjeras asentadas en Colombia, como Spotify, Netflix o Deezer, comenzaron a recaudar el IVA del 19% en sus servicios, una medida estipulada en la reforma tributaria de ese país en 2016.

La norma es obligatoria para todos los prestadores de servicios desde el exterior, según lo indica la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entidad que advirtió que tiene la potestad de ordenar a los diferentes medios de pago en el país (tarjetas de crédito y débito, tarjetas prepago y recaudadores de efectivo, entre otros) retener el valor del impuesto.

Ómar Rangel, asesor de la dirección general de la DIAN, en una entrevista a Diario El Tiempo de ese país, indicó que se estableció un plazo para que las plataformas realicen voluntariamente los pagos.

“La DIAN, seguramente, hará un corte cuando se venzan los primeros bimestres del pago del impuesto y en caso de que los prestadores de servicios no se hayan acercado voluntariamente, las tarjetas retendrán directamente el pago”, aseguró.

En principio hubo cierta confusión, sostuvo Lorenzo Villegas, experto en temas de telecomunicaciones. “Esto se debe a que el Gobierno todavía no había expedido la reglamentación para que las plataformas realicen los pagos correspondientes”.

Además cuestiona el sistema: “Ahora, la reglamentación tiene una cantidad de temas injustos e irracionales. Los costos para los usuarios se incrementan y es posible que tergiverse el acceso a internet”.

Victoria Virviescas, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, insistió en que debió haber claridad para prestadores de servicios en el exterior, que no se los obligue a constituir establecimientos permanentes en el país o a trasladar sus operaciones a Colombia, pues les hace responsables de otras cargas tributarias”.

La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico solicitó un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la obligación, para que los proveedores de servicios extranjeros “puedan, de buena fe, ajustar y adaptar sus sistemas”.
Galé Mallol, presidenta de la Asociación de Operadores de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia (Asotic), en cambio sostuvo que es un paso enorme, ya que equipara cargas a los prestadores de ese mismo servicio en Colombia. “La medida es bastante positiva”.

Los prestadores de servicios desde el exterior deben efectuar el pago de sus impuestos de forma bimestral. Es decir, el pago de julio-agosto debió hacerse en septiembre; aunque el Gobierno amplió el plazo a noviembre, para que las empresas tengan tiempo de registrarse y adecuar sus sistemas para cumplir con su obligación tributaria.