El uso de la tecnología y el trabajo coordinado entre entidades del Estado es la mejor aplicación para contrarrestar el perjuicio fiscal que provocan las empresas fantasma. 

Con esta postura coinciden analistas. Uno de ellos es Jorge Rodríguez, quien señaló que en la actualidad gracias a la tecnología el Servicio de Rentas Internas (SRI) tiene herramientas para identificar las irregularidades. “El ingresar las facturas en el sistema electrónico es un gran avance porque muchas veces se nota que estas no coinciden con las declaraciones”.

El problema es cuando se crean empresas para vender facturas o para transparentar la entrega de coimas, asegura Rodríguez. El economista cree que uno de los inconvenientes es que falta coordinación entre Superintendencia de Compañías y Rentas Internas. “No puede ser que más de $  2.000 millones hayan sido facturados y no se sepa el objeto y quiénes son”.

En este punto el analista jurídico José Luis Torres detalló que lo primero que hay que reconocer es que el esquema societario de la creación de empresas ha mejorado en el país. Pero si bien se agilitó este trámite no existe una coordinación entre los entes para realizar un control con el objetivo de verificar si efectivamente la sociedad mercantil ejerce la actividad para la que fue creada.

Torres enfatiza que han sido insuficientes los controles implementados hasta el momento. El objetivo de las empresas fantasmas es que suelen ser creadas para justificar supuestas transacciones, ocultar beneficios, modificar ingresos, costos y gastos o evadir obligaciones.

La recomendación, según Rodríguez, es realizar una auditoría al trabajo del SRI y de la Superintendencia de Compañías para determinar la real afectación y si hay más empresas en la misma situación. El siguiente paso es determinar quiénes son los representantes legales de las empresas identificadas. “En resumen hay que ajustar las cuentas en Ecuador”.

El analista señala que no se trata solo de denuciar y salir en los medios de comunicación, sino que se debe profundizar, puesto que estas empresas mensualmente debían subir al portal sus movimientos y en algún momento debió surgir alguna alerta.

El cruce de información, según Torres, debe incluir también al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). “¿Por qué digo que se debe incluir a esta entidad? Es simple, con los datos de esa entidad se van a poder controlar cuántos trabajadores se tienen contratados según el objeto social de la compañía”.

Una de las particularidades de las empresas fantasmas es que al ser ficticias no tienen una dirección real de funcionamiento, tampoco cuentan con empleados enrolados. Este es uno de los aspectos que el SRI revisa para determinar la veracidad de una empresa. También se verifican los activos además de la infraestructura registrada.

“Si usted crea una empresa para vender muebles, por lo menos debería tener 5 o 7 empleados, pero generalmente las empresas irregulares solo operan con 2 personas. Se pueden subir los contratos, pero qué pasa con el de las planillas del IESS y el resto de trámites, esos son lo detalles que se deben analizar”.

Una de las particularidades de las empresas fantasmas son la venta de facturas por ello, para Torres, el SRI debería tener más control en la verificación de que lo reportado por estas empresas sea lo real. “Hasta podría participar la Superintendencia de Bancos porque si se venden facturas, a dónde fueron a parar esos ingresos, es un aspecto que no se ha contemplado. También se trata de un proceder desleal en el mercado”.

Con la falta de control coincide el analista Juan Pablo Jaramillo, quien considera que es indispensable frenar la práctica para evitar perjuicios al país. Con este tipo de prácticas se perjudica al Estado, por ello se sancionan de acuerdo con las normas de defraudación tipificadas en el Código Tributario”.

Desde la perspectiva del analista económico Juan Carlos Jácome, el problema es la ausencia de mecanismos dentro de leyes como la societaria, tributaria o aduanera, que eviten a la desfiguración de sociedades para un uso clandestino.

Recalca que el Servicio de Rentas Internas, la Aduana del Ecuador y otras entidades de control “tienen la facultad administrativa y legal para crear las reglas del juego, de tal forma se desestimule el uso de empresas fantasma en el país”. (I)

Antecedentes

De los $ 655 millones con lo que se habría perjudicado al Estado, el Servicio de Rentas Internas informó que se han recuperado alrededor de $ 370 millones. El período de tiempo en el que se produjo la citada evasión fue entre 2010 y 2016. La Administración Tributaria regularizó a más de 8.000 contribuyentes.

Dentro de los $ 200 millones que el Estado dejó de percibir no se contemplan los intereses. El cálculo se obtuvo contemplando que son $ 600 millones los facturados por las 64 empresas descubiertas el martes pasado.

La modalidad utilizada por la red se denomina “fraude carrusel”. Se trata, por ejemplo, de la emisión de una factura por un valor alto $ 500 mil, por la que se cobra una comisión de $ 25.000, que era el monto con lo que se quedaba la empresa que facilitaba la factura. (I)