En estos días el Gobierno Nacional deberá presentar a la Asamblea Nacional la proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) 2019.

La Constitución de la República del Ecuador establece que el documento deberá ser emitido sesenta días antes del inicio del año fiscal respectivo.

El presupuesto fiscal para 2018 se aprobó en $ 34.853 millones. Analistas consultados describen un panorama complejo para la construcción del PGE de 2019.

Entre los principales temas en discusión está el precio promedio del petróleo, que para 2018 se aprobó en $ 41,98 por barril.

El director de Análisis Semanal, Walter Spurrier, comentó que aquella estimación fue adecuada porque tomó como referencia las proyecciones del mercado de futuros.

A lo largo de 2018 el crudo ecuatoriano se ha comercializado incluso por encima de los $ 60 por barril. Proyecciones mundiales advierten de que los precios internacionales podrían escalar a niveles superiores a los $ 80.

A juicio de Spurrier, una alternativa para calcular el precio en la nueva proforma sería considerar un valor inferior a lo que vaticinan los mercados.

En ese sentido, no descarta que el PGE sea construido con base a un crudo de $ 65.

Criterio similar comparte José Orellana, socio BizBroker y exasesor McKinsey & Company, quien estima un precio de $60. “El petróleo puede estar en un promedio más alto el próximo año, pero no tenemos la certeza, y podría ocurrir lo contrario”, explicó Orellana.

Obligaciones por atender

El próximo año el gobierno deberá atender compromisos internos y préstamos con multilaterales que han vencido.

Spurrier explicó que en términos de deuda el Gobierno necesita alrededor de $ 10.000 millones a $ 12.000 millones para atender los vencimientos y financiar el hueco fiscal (déficit) que puede estar en el orden de los $ 5.000 millones.

Predijo que la situación puede deteriorarse debido a que ahora se reconoce la deuda con la seguridad social.

Sobre los bonos del Estado emitidos en el gobierno de Rafael Correa señaló que empiezan a vencer en 2020, por lo que la situación económica se tornaría más difícil.

“Si el gobierno nacional no está en condiciones porque el mercado financiero no es propenso a aceptar nuevo endeudamiento de los países emergentes va a ser muy difícil pagar esos bonos”, comentó.

El analista prevé una situación complicada para el 2019. “El propio ministro Richard Martínez lo reconoce como complicado, por el peso de la deuda, y en el año 2020 va a ser más complicado todavía”.

Financiamiento para 2019

Sobre las necesidades de financiamiento tanto Spurrier como Orellana creen que Ecuador sí va a requerir apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) el próximo año. Esto debido a que las condiciones para acceder a recursos a través de los mercados internacionales no son favorables.

Martínez ha mencionado en múltiples ocasiones que buscar financiamiento con nuevas emisiones de títulos, en las actuales circunstancias, significaría obtener tasas superiores al 10%, lo cual no es conveniente para el país. Además, con relación al FMI, el funcionario ha sido claro al precisar que ninguna opción está descartada.

A ojos de los analistas, la decisión se postergaría hasta pasadas las elecciones seccionales de marzo de 2019.

Reducción del déficit fiscal

Para lograr la reducción del déficit fiscal Spurrier cree que el Gobierno debe tomar medidas más firmes de las que ha venido tomando en cuanto a reducción del gasto público.

“Ha ido de manera muy lenta porque solamente ha reducido el gasto de capital (inversión), tiene que concentrarse en reducir el gasto corriente (sueldos y salarios)”, comentó.

Para ello existen dos vertientes principales. La primera es la reducción de la nómina en el sector público. En el presupuesto de 2018 se aprobaron cerca de $ 10.000 millones en gasto de personal. La segunda opción es no renovar los contratos ocasionales, excepto en casos indispensables.

El economista Guido Macas también observó que la reducción del gasto público será una medida complicada. Para que el impacto no sea grave, Macas recomendó que el Estado permita mayor participación de la empresa privada. Una muestra de aquello, agregó, es el anuncio de la concesión para la construcción de dos tramos viales que forman parte del corredor Quito–Guayaquil.

“Las complicaciones son muy fuertes, más todavía cuando la economía está en un proceso de desaceleración”, anotó Macas, y señaló que el próximo año la economía no va a crecer más allá del 0,8% al 1%.

Ingresos tributarios

Para este año se calculó que los ingresos vía impuestos generarían más de $ 15.000 millones.

Macas no ve un incremento en 2019, precisamente porque el panorama económico no atraviesa su mejor momento. “Hay que ver qué papel va a jugar el FMI una vez que el Estado está cumpliendo ciertos requerimientos para que el ente realice algún desembolso”.

Spurrier, por su parte, también opinó que las cifras no variarán e incluso no descarta que caigan en cierta medida, debido a menores ventas.

Las empresas probablemente este año registren menos utilidades. “Crecimiento por el lado de los ingresos tributarios lo veo muy difícil; esperemos que se mantengan al nivel del año pasado, que no hubo mayor caída”, finalizó Spurrier. (I)

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Finanzas mira a mercados locales de deuda

Entre 2012 y 2017 el manejo fiscal se desbocó a consecuencia del crecimiento del endeudamiento y, con ello, el pago de intereses.

Medidas y reformas legales ejecutadas durante ese período configuraron un escenario en donde el gasto público se abultó y se comprometieron recursos contenidos en el Banco Central del Ecuador (BCE).

Así lo describió Jorge Gallardo, exministro de Economía y Finanzas, este martes 30 de octubre durante una conferencia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Para 2012 la deuda pública se ubicó en $ 10.871 millones, pero apenas cinco años después aumentó a $ 31.748 millones, anotó.

En el evento también intervino Fabián Carrillo, actual viceministro de Finanzas, quien explicó que se busca impulsar el desarrollo de mercados locales de deuda.

Eso implica fomentar la bancarización para generar más profundidad en la intermediación financiera; mercados de colocación primaria y diversificar las fuentes de financiamiento interno para reducir la dependencia externa; mecanismos para mejorar la predictibilidad de las economías como, por ejemplo, metas de inflación; y coordinar la política monetaria y cambiaria con la política fiscal. (I)