Este 27 de noviembre, el pleno de la Asamblea revisará las 17 recomendaciones efectuadas por la Comisión de Desarrollo Económico, a la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal 2019. Su aprobación aún no es certera entre las bancadas.

Si la propuesta del Ministerio de Finanzas no es aprobada, el Legislativo la devolvería al Ejecutivo para que sea reformada, explicaron asambleístas consultados.

Patricio Donoso, del bloque de CREO, mencionó que la comisión halló varios temas preocupantes, como la disminución de recursos al sector educativo.

Por este motivo, el legislador estima que en el pleno se escucharán las observaciones de los legisladores y serán enviadas al presidente de la República, Lenín Moreno, para que incorpore los cambios sugeridos.

Héctor Muñoz, de SUMA, indicó que la proforma contiene rubros que deberían eliminarse como el asignado a las concesiones ($1.000 millones) o modificar el cálculo del precio del barril de petróleo establecido en $ 58,29 cuando se ha registrado una baja en los últimos días y actualmente se ubica en alrededor de $ 54.  

Wilma Andrade, de Integración Nacional, considera que no habrá los 70 votos necesarios para aprobar la proforma y espera que el Mandatario acoja las recomendaciones. (I)

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Presupuesto a universidades se mantendrá sin recortes

La asignación a universidades fue uno de los primeros puntos que causaron controversia.

La proforma elaborada por el Ministerio de Economía y Finanzas presenta una disminución de $ 145 millones frente al presupuesto codificado de 2018. La Cartera de Estado sustentó la rebaja, principalmente, debido a una subejecución de los recursos por parte de los centros de estudios.

Representantes de las universidades replicaron que la subejecución obedece a que Finanzas no transfiere los fondos a tiempo, además de que existen trabas en el sistema de contratación pública.

Advirtieron que afectaría la oferta de cupos para nuevos estudiantes. El 19 de noviembre varios representantes del Gobierno y autoridades académicas se reunieron y acordaron que no habrá recorte. El presupuesto será el mismo de 2018; es decir, $ 1.382 millones.

Por otro lado, para el Ministerio de Educación se presupuestaron $ 3.602 millones, lo cual es menor en $ 249 millones si se lo compara con el presupuesto aprobado para 2018, que llegó a $ 3.851 millones. El ahora exministro de Educación, Fander Falconí, cuestionó la reducción. (I)

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La comisión afirma que  hay aumento para la salud

El informe de la Comisión de Desarrollo Económico, aprobado por la mayoría de legisladores, asegura que la proforma presupuestaria 2019 cumple con el mandato constitucional de incrementar anualmente las asignaciones a salud y educación en el orden de 0,5% del PIB.

El aumento en el Sistema Nacional de Salud es de $ 566 millones, lo que representa el 3,17%. La cifra proviene de la diferencia entre los $ 3.968 millones previstos para 2019 versus el presupuesto codificado de 2018 que a septiembre se ubicó en $ 3.402 millones.

Para la Federación Médica Ecuatoriana (FEM), la proforma no atiende el mandato constitucional porque el incremento mencionado surge del presupuesto codificado, cuando lo correcto es comparar con el presupuesto aprobado. De ser así, los fondos para el próximo año son similares a los autorizados para el año que termina.

El gremio sostiene que los recursos resultan insuficientes para atender las necesidades del Sistema de Salud, incluso señala que la proforma no contempla más de $ 300 millones para financiar el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos.

El Gobierno afirma que el presupuesto garantiza el bienestar de la ciudadanía. (I)

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Finanzas y el IESS formarán mesa técnica

El próximo año el Estado volverá a entregar recursos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por concepto de la restitución del 40% de aporte al fondo de pensiones.

Sin embargo, las cifras planteadas por el Ministerio de Finanzas no empatan con las del IESS.

Por un lado, Finanzas presupuestó un total de $ 1.240 millones, mientras que el Seguro Social sostiene que la asignación del 40% está valorada en $ 1.755,5 millones.

Richard Martínez, titular de Finanzas, aseguró en la Comisión de Desarrollo Económico que el monto fue calculado con base en información de esa Cartera.

Por su parte, Manolo Rodas, presidente del directorio del IESS, insistió en que el monto es superior, pero también reconoció el esfuerzo del Gobierno por cumplir con el fallo de la Corte Constitucional, que en marzo de este año ordenó restituir la contribución estatal.

Además, el Seguro Social solicitó $ 700 millones adicionales para cubrir atenciones médicas, entre otros. En total, el IESS requirió al Estado $ 2.456 millones.

Ante la discrepancia, Richard Martínez se comprometió a conformar una comisión técnica con el Instituto de Seguridad Social, con la finalidad de analizar los recursos que no guarden relación con el aporte estatal a las pensiones. (I)