La observación que la Asamblea Nacional resolvió sobre el Presupuesto General del Estado (PGE) contiene 17 recomendaciones dirigidas a la Función Ejecutiva.

El Gobierno evaluará la factibilidad de cada una de ellas. “Habrá unas observaciones que podrán recogerse y otras que no”, adelantó Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, en una entrevista con Teleamazonas.

A criterio de Martínez, las recomendaciones proponen aumentar el gasto público, cuando lo que urge es reducir ese rubro.

La resolución exhorta a Finanzas a asignar a las Instituciones de Educación Superior (IES) y a los ministerios de Salud; Agricultura y Ganadería; y Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, los mismos montos del Presupuesto General de 2018, debido a que en la proforma 2019 registran menos recursos.

Sobre lo primero se llegó a un acuerdo semanas antes del debate en la Asamblea. El Gobierno se comprometió a reincorporar las asignaciones a universidades y escuelas politécnicas públicas.  

En contraparte, los establecimientos educativos deberán destinar los recursos a proyectos y programas para los estudiantes, optimizar sus contrataciones e implementar medidas de austeridad.

A favor de las universidades también se recomienda la creación de cuentas corrientes recolectadoras para uso de los recursos propios que generen las instituciones, lo que atiende a un pedido que hicieron Jaime Calderón, rector de la Escuela Politécnica Nacional (EPN); Pablo Vanegas, rector de la Universidad de Cuenca; y Galo Naranjo, rector de la Universidad Técnica de Ambato, en representación del Directorio de la Asamblea de Universidades.

Que la proforma haya tenido más de una docena de observaciones era algo que se veía venir debido a que se hallaron algunas debilidades al momento de su análisis. Así opinó el economista David Castellanos, de la consultora Multienlace.

Uno de esos aspectos, que es parte de las 17 recomendaciones, tiene que ver con los $ 1.000 millones por “otras concesiones”, contabilizados como ingresos permanentes.

Legisladores y analistas han solicitado a Finanzas claridad sobre las concesiones y cuestionan que dichos recursos sean considerados como ingresos fijos.

Martínez explicó al pleno que “de acuerdo con el clasificador presupuestario y en línea con los manuales internacionales se registran como ingresos permanentes, ya que se basan en contratos de un período mayor a 10 años donde la propiedad del bien no se pierde”.

Analizar cuáles recomendaciones acoger no será sencillo, pues la situación del país es compleja, describió Santiago García, docente de Economía en la Universidad Central del Ecuador.

García y Castellanos no descartan la posibilidad de que el próximo año el Gobierno haga correcciones al presupuesto. (I)