Al menos 90 de los 325 que constan como “intermediarios” relacionados con Ecuador en la base de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) son estudios jurídicos y consultoras. El resto son personas naturales o empresas.

De los 90 bufetes o consultoras diario El TELÉGRAFO seleccionó una muestra de 53 para verificar su existencia y cuál fue su participación en la constitución de 1.106 empresas offshore.

El pasado 9 de mayo el consorcio de periodistas liberó datos de 214.000 firmas en 38 jurisdicciones en el mundo vinculadas al bufete panameño Mossack Fonseca. De ese total, 1.852 compañías offshore, 928 directivos y 325 intermediarios tienen algún nexo con el país. ¿Pero cuál es el papel que juegan los intermediarios?

La mayoría de las firmas consultadas (ver gráfico) por este medio de comunicación afirmó que su relación con el estudio jurídico panameño se limitó a referir clientes.

Ese es el caso del abogado Francisco Santillán de ‘Santillán abogados’, con sede en Quito, y que aparece como “intermediario” de 4 empresas offshore con Mossak Fonseca. “En nuestro caso solo referimos a los clientes sobre quienes gestionan la creación de compañías offshore en el extranjero”.

Aclaró que una offshore tiene una finalidad estrictamente comercial, “en un mundo globalizado este tipo de entidades permite que se pueda negociar con  mayor facilidad a nivel mundial” porque al ser jurisdicciones de menor imposición, resultan favorables en términos tributarios para los empresarios.

En esa línea, el abogado Cristian Castelblanco, de ‘Castelblanco & Asociados’ de Guayaquil, dijo que en el caso de su firma que se registra como “intermediaria” de 4 offshore, era un servicio accesorio que se limitaba a “recomendar y referir a los clientes, ya que era uno de los bufetes más grandes de Panamá”.

El profesional comentó que las empresas que quieren crecer adoptan estructuras societarias más complejas y este tipo de sociedades son una “herramienta legal, idónea y adecuada”.

Constitución de una offshore

Gestionar la creación de una entidad offshore en un paraíso fiscal no es complicado. Según expertos tributarios consultados, entre una y dos semanas se obtienen los papeles constitutivos de la compañía.

Mientras que el costo podía variar según la jurisdicción que se escoja. Si la firma se inscribía en Panamá podía costar entre $ 1.000 y $ 2.000. Si el intermediario era comercial obtenía una comisión por cada empresa que ayudaba a vender.

Para ello, se solicitaba al cliente al menos 6 documentos para iniciar el trámite: pasaporte; 2 referencias bancarias, una comercial y una personal; prueba de domicilio (factura de luz o agua), y su currículum. Con esta información se realizaba la debida diligencia que consiste en llenar una ficha con los datos respectivos y finalmente se enviaba a un proveedor internacional, como Mossack Fonseca, el cual hacía la calificación del cliente y creaba la firma.

Sin embargo, la administración de la empresa -según los estudios jurídicos consultados- depende totalmente de sus propietarios y los “intermediarios”, tanto comerciales como referenciales, no son responsables de su uso.

Hay personas que le dan un mal uso a las sociedades offshore para ocultar fortunas, evadir impuestos o lavar dinero, pero -para los estudios jurídicos consultados- en el caso de Ecuador ahora existen controles muy efectivos. Desde 2008 se han hecho reformas a 24 artículos de la Ley de Régimen Tributario y sus reglamentos.

Castelblanco señaló que la Superintendencia de Compañías (SC) y  el Servicio de Rentas Internas (SRI) verifican que todas las sociedades extranjeras y nacionales cumplan requisitos para registrar a las personas, sean nacionales o extranjeras, y “todos los años deben declarar quiénes son los beneficiarios de dicha empresa para efectos de impuestos”.

También indicó que “el que tiene una sociedad en paraíso fiscal debe pagar más” porque actualmente (con la nueva normativa y las reformas) se impone una carga tributaria adicional a las firmas que estén domiciliadas en regímenes fiscales preferentes. Por ese motivo, abogados consultados señalaron que -actualmente- es mejor inscribir las empresas en el país, pues sale más barato porque se evita la doble tributación. (I)