En el marco del debate del proyecto de Ley para la Defensa de los Derechos Laborales, el director (e) del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando y Manolo Rodas, director nacional jurídico, del Servicio de Rentas Internas, confirmaron que las empresas Profiseries (antes Invermun) y Viña Carolina, deben al SRI 81.8 millones de dólares.

Esta cantidad fue calculada por el SRI y se deriva de la documentación de 36 procesos en marcha, de los cuales 2 han concluido (10 millones), pero tampoco se puede cobrar por la ausencia de bienes a nombre del accionista.

Manolo Rodas dijo que en el proceso se dan recusaciones, recusaciones de la recusación, acciones de nulidad, se presentan acciones de protección, por lo que los procesos judiciales se dilatan, realidad que la calificó como el carrusel de la justicia.

A ello se suma que todavía no se puede exigir una caución del 100% de la deuda al SRI cuando existe una impugnación, constante en la disposición transitoria décima de la Ley de Fomento Ambiental, por cuanto la Corte Nacional de Justicia, así como los Tribunales Distritales de lo Fiscal elevaron a consulta ante la Corte Constitucional, la aplicación de tal disposición, pero esta instancia aún no se pronuncia.

Tras la intervención de los funcionarios, los asambleístas en el análisis coincidieron que este dinero debe ser cobrado por el Estado.

La comisión prevé también pedir la comparecencia del presidente del Consejo Directivo del IESS para conocer las acciones emprendas. Ojalá no exista negligencia de alguna autoridad, dijo Francisco Velasco, presidente de la Comisión de Régimen Económico.

El legislador sostuvo que estos procesos tienen una duración excesiva con las constantes posibilidades de demora de la parte deudora mediante excepciones, recursos e impugnaciones. Un proceso puede durar hasta 17 años, 7 meses, aseguró.