Una vez que los trabajadores no remunerados del hogar se incorporen al Seguro General Obligatorio, como propone el proyecto dereforma a la Ley de Seguridad Social, requerirán 240 aportes (20 años) y 65 años  para recibir una pensión jubilar.

La aportación mínima sería de $2 mensuales, pero si el ama de casa suspende temporalmente sus aportaciones no será multada, a diferencia de lo que ocurre con el patrono o afiliado voluntario que incumple. “Simplemente le tomará más tiempo acceder a la pensión”, aclaró ayer la ministra coordinadora de Desarrollo Social, Cecilia Vaca.

La aclaración surgió por una mala interpretación de uno de los párrafos del artículo 43, el cual dice:“El empleador, la persona que realiza trabajo del hogar no remunerado y el afiliado sin relación de dependencia están obligados, sin necesidad de reconvención previa cuando corresponda, a pagar las aportaciones del Seguro General Obligatorio dentro del plazo de 15 días posteriores al mes que correspondan los aportes. En caso de incumplimiento, serán sujetos de mora sin perjuicio de la responsabilidad patronal a que hubiere lugar, con sujeción a esta Ley”.

La ministra no descartó revisar el artículo, que se debate en la Asamblea Nacional, para aclarar el tema, y destacó que el 70% del universo de amas de casa se beneficiarán con la reforma, pues actualmente tienen menos de 45 años. “Necesitamos aprovechar el bono demográfico... Es necesario que los ecuatorianos, que somos una población joven, empecemos a pensar en el futuro y a planificar una vejez digna”.

Además precisó que al no fijar un porcentaje específico para la contribución del Estado para la seguridad social (actualmente es del 40%), no se busca reducir el aporte sino abrir la posibilidad de incrementarlo cuando así lo requieran con base en el número de afiliados.

Indicó también que la propuesta del Gobierno se elaboró con miras a 40 años de sostenibilidad del IESS. De 1,5 millones de trabajadores no remunerados del hogar, se prevé que en 2015 se incorporen 400 mil al Seguro Social con un aporte estatal de $43 millones. La reforma contempla la “portabilidad de las aportaciones”, es decir, que se puedan sumar aquellos aportes que se realicen en relación de dependencia hasta completar las 240 requeridas.

Con respecto al acceso a la salud, Vaca explicó que aquello implicaría un aporte adicional de parte del afiliado, pero reiteró que la atención está garantizada a través de la red pública del Ministerio de Salud.