La Coordinadora Nacional de Trabajadores en Conflicto, que agrupa a  25.000 ex trabajadores y empleados activos de 26 empresas del país, responsabilizan a las autoridades laborales por la dilatación de los procesos judiciales mediante los cuales  exigen el pago de varios beneficios adeudados.

Los dirigentes de este gremio señalan que constantemente las autoridades laborales y judiciales  se han negado a reconocer sus “demandas legítimas” y que en el actual Gobierno sucede lo mismo. Esta coalición exige  el pago de utilidades, aportes personales, patronales y fondos de reserva del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), vacaciones y horas extras, entre otros beneficios establecidos en la ley.

Alberto Chipe, presidente de la Coordinadora, afirma que debido a esta demora existen conflictos que tienen más de una década y aún no se resuelven, tal es el caso de los ex trabajadores de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, que desde 1993 reclaman sus liquidaciones tras ser  despedidos de forma intempestiva por las tercerizadoras navieras. 

Humberto Benavides, representante de este grupo, va más allá y afirma que han “descubierto” que, para dilatar los procesos, las autoridades laborales tratan de transformar los procesos colectivos en acciones individuales. Señala que esto sucede a pesar de que en octubre de 2003 el Ministerio de Finanzas ordenó el pago de $ 13’500.000.

Ministerio respeta la ley

En respuesta, el Ministerio de Relaciones Laborales asegura que ha defendido los derechos de los trabajadores dentro del marco legal y de las competencias que le otorga la ley.

La Asesoría Jurídica del Ministerio de Relaciones Laborales informó a este diario que para  las controversias individuales laborales  son los jueces del Trabajo  los que tienen la competencia para conocerlas y resolverlas, según lo disponen los artículos 568 y 575 del Código del Trabajo.

La cartera de Estado explica que para los conflictos colectivos de trabajo   los Tribunales de Conciliación y Arbitraje son la autoridad competente. Por esa razón, el Ministerio no interfiere en los procesos judiciales que ya han iniciado por esta vía porque no tiene competencia.

Juicios y demandas

La Coordinadora Nacional de Trabajadores en Conflicto nació hace once meses, pero tomó fuerza este año a raíz del fallo   a favor de los ex trabajadores de Cervecería Nacional (CN), dictado  el  8 de marzo por la Tercera Sala de la Corte del Guayas, que ordenó a la empresa el pago de
$ 90,9 millones por las utilidades adeudadas a sus ex empleados durante  quince años.

Arturo Cervantes, procurador de los demandantes de CN, menciona que la empresa está agotando todos sus recursos jurídicos y políticos para no cumplir con el pago, pero confía en que  ganarán el proceso.    

Este caso  motivó a varios sindicatos de ex trabajadores con reclamos similares a unirse y sumar fuerzas, con la intención de ejercer presión sobre las autoridades laborales y de justicia en favor de sus demandas.

El gremio agrupa a ex empleados de la Cervecería Nacional, El Café, Macarsa, Autoridad Portuaria de Guayaquil, Toni Yogurt, Dajahu, Cridesa, Ecuaestibas, Jabonería Nacional,  Ecapag y de la multinacional de telefonía celular Conecel S.A.-Porta (ahora Claro), entre otras, que impulsan reclamos ante el Ministerio de Relaciones Laborales.

En esta coalición también se encuentran  6.500 ex trabajadores de la Pepsi Cola, que exigen a la fábrica   la devolución de sus aportaciones a la seguridad social, un monto que podría alcanzar $ 120 millones, según su representante, Douglas González.   Ellos presentaron la demanda en marzo de 2010, pero el 14 de febrero pasado fue anulada sin haberse formado una comisión de conciliación y arbitraje.

“Esta fábrica  nos descontaba dinero de los roles de pago para las  supuestas aportaciones al IESS, pero nunca nos afiliaron, esto es un delito grave y  las autoridades no lo sancionan”, expresa González.

Otro caso es el de  la Empresa Cantonal de Agua y Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Ecapag), donde unos 200 ex empleados  despedidos desde 1990 exigen el pago de sus liquidaciones, explica la dirigente de este grupo, Petita Salazar.

Uno de los reclamos más cuantiosos es de 1.500 ex trabajadores de Conecel S.A., que exigen el pago de
$ 270 millones por el pago de utilidades de 2003 a 2006. Duval Díaz, procurador de este gremio, afirma que en 2006 la empresa realizó un “pago irrisorio” de $ 700 a cada empleado habiendo facturado más de $ 700 millones, mientras en 2007, que facturó $ 875 millones, canceló por el mismo concepto
$ 15.000 a cada trabajador.

Es así que en 2008 presentaron una demanda ante la Dirección Regional de Trabajo, lo que causó que el Servicio de Rentas Internas (SRI)  realizara un examen tributario a Conecel, que determinó una evasión fiscal de  $ 127 millones entre los años 2003 y 2006, señala Díaz. Pero la demanda laboral aún no se resuelve.