La polémica generada en torno al incremento de costos por pagos mínimos a tarjetas de créditos extendió el debate hacia las utilidades que obtuvo la banca ecuatoriana el año pasado.  

Al cierre de 2018 las ganancias netas llegaron a $ 554 millones, lo que representa un crecimiento del 39,8% frente a diciembre de 2017.

Sin tomar en cuenta al Banco del Pacífico (público), la utilidad de las instituciones financieras alcanza los $ 454 millones, según la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca).

En diciembre de 2018 la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE), que mide la relación entre la utilidad y el patrimonio promedio, registró una tasa del 13,6%. En comparación con 2017 equivale a un crecimiento de 3,3 puntos porcentuales.

Las redes sociales han sido el espacio de criterios a favor y en contra de los bancos, cuyo patrimonio asciende a $ 4.612 millones.

Jorge Rodríguez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, cuestionó que a pesar de las millonarias utilidades en los últimos años, “la Junta de Regulación Monetaria resolvió dar una ayudita a los bancos”.

Frente a este tipo de comentarios, el presidente de la Asobanca, Julio José Prado, respondió el 5 de febrero que las utilidades netas “son para el total de 24 bancos”.

Si los $ 554 millones de ganancias se distribuyeran en igual proporción cada institución bancaria recibiría $ 23 millones.

Pero lo cierto es que la mayor cantidad de utilidades o excedentes del ejercicio se concentra en cinco entidades, de acuerdo a los balances generales reportados a la Superintendencia de Bancos.

A la cabeza está el Banco Pichincha con $ 119,7 millones; le siguen el Banco del Pacífico, con $ 100,2 millones; Diners Club, con $63,4 millones; Banco Guayaquil, con $ 60,3 millones, y Produbanco, con $ 59,5 millones.

Prado explicó que la banca paga $ 550 millones en impuestos y contribuciones, lo que equivale al 100% de la utilidad. Aseguró que ningún otro sector paga ese porcentaje, ni siquiera en América Latina. “Y de esa utilidad se reinvierte más del 50%”.

Agregó que en la crisis económica de 2015 y 2016 la rentabilidad ROE cayó al 6%, debido a que “se desplomó el crédito”. En contraparte, en 2018 se recuperó, permitiendo que el crédito otorgado a los clientes alcance su nivel histórico más alto.

“¿Es malo tener una banca rentable? ¿Pondría su plata en (un) banco que pierde?”, replicó el directivo y sostuvo que se debe tratar de mantener un ROE en niveles del 13% “para que crezca la capitalización y crezca el crédito”.

Para Larry Yumibanda, del Colegio de Economistas del Guayas, los bancos deben optimizar sus gastos y priorizar las inversiones con menos sucursales bancarias y más tecnología para mejorar su rentabilidad.

El presidente de la República, Lenín Moreno, ordenó revisar la resolución de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera que incrementó el costo en pagos mínimos y atrasos en las tarjetas de crédito. La reunión de la Junta estaba prevista para el miércoles 6 de febrero a las 21:00.

Récord en créditos y depósitos

La rentabilidad de un banco depende en gran medida del volumen de créditos que otorga. En ese sentido, el año pasado también se distinguió porque la cartera bruta y las captaciones reportaron cifras récord.

Las instituciones aprobaron $ 27.325 millones en créditos durante 2018, mientras  en 2013 se entregaron $ 17.258 millones. Es decir, en los últimos cinco años la banca incrementó el volumen de préstamos en $ 10.067 millones.

Los depósitos aumentaron pasando de $ 23.544 millones en 2013 a $ 29.172 millones en 2018.

En una entrevista concedida a EL TELÉGRAFO, el 17 de enero, Julio José Prado describió que el año pasado estuvo marcado por un nuevo ciclo económico y bancario.

Dicho ciclo se caracterizó por menos dinamismo de la liquidez en el país, empujado por la reducción del gasto público y otros factores de índole fiscal.

Aquello se vio reflejado en una desaceleración de los depósitos, que si bien se mantienen con saldos altos su tendencia de crecimiento ha disminuido. (I)

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La reducción de costos de la banca debió ser en 2018

Los costos de los servicios financieros debieron ser reducidos durante 2018, conforme lo dispuesto por la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, en vigencia desde diciembre de 2017.

La decimosegunda disposición general determinó un plazo de 45 días, a partir de la vigencia de la ley, para que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera establezca, mediante resolución, “la reducción del costo por concepto de los servicios que prestan las entidades financieras, así como las no financieras que otorguen crédito”.

La reducción también abarca a los costos máximos y comisiones por el uso del servicio de cobro con tarjetas de crédito, débito y otros de similar naturaleza.

Ha transcurrido más de un año desde la publicación de la norma en el Registro Oficial y hasta la fecha no se ha cumplido con la disposición general.  

Esto fue recordado por el asambleísta Cristóbal Lloret (RC), en la sesión 574 de la Asamblea Nacional, del 5 de febrero, mientras se debatía la solicitud de convocar al ministro de Finanzas, Richard Martínez, para que explique la resolución de las tarjetas de crédito. Aún no hay fecha para la comparecencia. (I)