La mañana de este jueves continuó -después de casi un mes y medio de haber sido postergado- el segundo debate de la Ley Orgánica de Cultura en el pleno de la Asamblea Nacional. Al final de la jornada, la normativa fue aprobada por 82 asambleístas, mientras que 18 se abstuvieron. No hubo votos negativos.

El pasado 27 de septiembre inició el segundo debate -el primero fue en 2009- y en este se cuestionó la creación de un impuesto para el Fomento de la Cultura y las Artes. La propuesta consistía en la recaudación del 10% sobre el valor de taquilla en salas de cine comercial por concepto de regalías, pero fue derogada durante la sesión 411 por la Comisión de Educación de la Asamblea, que está a cargo de la normativa y cuyo presidente es el asambleísta Raúl Abad, de PAIS.

Abad propuso ayer que la Biblioteca Nacional sea el depósito de las publicaciones del país, iniciativa que fue incorporada, según Ximena Ponce, relatora de la ley y compañera de bancada del citado parlamentario. El lugar donde funcionaba ese repositorio -en la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE)- está vacío y, al igual que el Museo Nacional, se reabriría a finales de año, según autoridades del Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCyP). Este organismo prepara en las instalaciones del segundo la IX Feria Internacional del Libro de Quito, que inicia esta tarde.

La biblioteca Aurelio Espinosa Pólit será el depósito legal de las publicaciones nacionales, señaló Ponce. La antigua Ley de Libro Leído se condensa en un capítulo de fomento al libro y la lectura de la  normativa.

El Sistema Nacional de Cultura, articulador de las políticas públicas del sector, cambió su nombre a Red Nacional de Cultura, que estará dividida en 2 sistemas: el de Memoria Social, Patrimonio Cultural e Interculturalidad y el de Artes e Innovación. El primero abarcará al Instituto de la Memoria Social (IMS); a la CCE Benjamín Carrión; museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, cinematecas, mediatecas, repositorios, centros culturales y entidades de patrimonio que reciban fondos públicos y los que se vinculen voluntariamente a la Red; los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y los entes de la cultura que reciban fondos públicos.

La CCE y los GAD también serán parte de Artes e Innovación, subsistema que aglutinará al Instituto para el Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad (Ifaic); elencos nacionales; Instituto de Cine y Audiovisual; teatros, salas audiovisuales y espacios de creación.

El Fondo de Fomento de las Artes asignará recursos no reembolsables a artistas y gestores culturales y la ley también dispone que la banca pública le otorgue líneas de crédito.

Para asambleístas de la provincia de Tungurahua -Esteban Torres y Betty Jerez entre ellos- el funcionamiento de la Casa de Montalvo, en Ambato, requería un tratamiento especial del articulado. Ese centro cultural, creado en 1989, mantendrá su reglamento, pero se articulará a la Red Nacional de Cultura. Para Jerez, es necesario garantizar la estabilidad de la entidad. “Para los pueblos y nacionalidades esta ley es un avance, porque se garantizan los derechos ancestrales, pero hay puntos que deben considerarse”.

En cuanto al régimen laboral, el legislador Virgilio Hernández dijo que “no se puede generar un régimen especial para los gestores culturales que ya están formalizados”. Y en relación al régimen de sanciones de la ley, señaló que no existen artículos que indiquen un mínimo procedimiento sancionador, lo cual volvería inconstitucional el articulado. “La persona no tiene derecho a impugnar y seguir el debido proceso en caso de que se establezca una sanción, por lo que, para salvar un tema de inconstitucionalidad, deben establecerse artículos de un procedimiento”.

La autonomía administrativa de la CCE sigue vigente, según Ponce; mientras Hernández sugirió que las autoridades recién elegidas, de este y otros organismos culturales, culminen sus períodos de labores, aunque la ley ya entre en vigencia. En el artículo 168 del articulado consta que las nuevas deberán ser elegidas por la Junta Plenaria de la institución.

La Compañía Nacional de Danza también tendrá garantizada su autonomía administrativa y financiera.

La de Cultura es la octava y última ley de las planteadas en la Asamblea Constituyente de Montecristi, en 2008. (I)

Datos

La Ley Orgánica de Cultura establece la creación de un Fondo de Fomento para las Artes, la Cultura y la Innovación, el cual asignará recursos no reembolsables. La banca pública otorgará líneas de crédito.

Se creará la Red Nacional de Cultura (dos sistemas) y se establece la certificación de competencias con mecanismos de profesionalización para actores culturales.

La normativa incluye un régimen especial de seguridad flexible para actores, gestores y promotores culturales. Los artículos 21 y 25 de la Constitución, relativos a los derechos culturales, se suman al reglamento.

La asambleísta Dora Aguirre pidió que se incorporen observaciones para el ejercicio de derechos culturales de ecuatorianos residentes en el exterior, así como su acceso al Registro Único de Gestores Culturales.