El año pasado finalizó con la Ley Orgánica de Cultura aprobada, una ‘gesta’ que le tomó casi una década a la Asamblea Nacional. El articulado se presentó como el medio a través del cual se organizaría al sector de manera que el Estado ecuatoriano expidiera políticas culturales.

El Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCyP), que en una década (2007-2017) sobrepasó el récord de una decena de titulares en ese periodo, es el ente rector del proyecto, el encargado de elaborar esas políticas, según la normativa, pero durante 2017 ese mandato no se ha cumplido plenamente.  

A esta tarea pendiente –cuyo encargado seguirá siendo el ministro y escritor Raúl Pérez Torres–, se suman las acciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), ente ejecutor de las políticas que se elaboren y que, desde la aprobación de la ley, tiene 24 núcleos provinciales.

La entidad que se estableció en Pichincha tiene como director a Francisco Ordóñez –exfuncionario de la CCE–, quien le dijo a este diario que sus funciones todavía no están definidas pese a la vigencia de un reglamento de la ley. La distinción de los espacios y actividades de ese núcleo frente a la sede nacional de la Casa, que preside Camilo Restrepo, tampoco ha trazado sus líneas diferenciales.

En agosto pasado, Restrepo y Pérez Torres respaldaron un documento enviado al Poder Ejecutivo en el cual solicitan que se reforme la ley. Las alternativas, dicen, sacarían a la sede nacional y al Núcleo Pichinchano de la CCE de los dilemas en que se han visto envueltos, respetando la autonomía que los funcionarios mencionados han defendido desde siempre, incluso mientras los dos debates para la aprobación de la Ley de Cultura se llevaban a cabo.

Un amplio sector de artistas y gestores culturales, sin embargo, sienten que no han sido consultados sobre el proceso y continúan trabajando de forma independiente. El MCyP continuó en labores organizativas: Pérez Torres fue vocero oficial del II Festival de las Artes Vivas de Loja (FIAVL) y la Subsecretaría de Emprendimientos Culturales gestionó la entrega de fondos concursables. (I)