La polémica por la retirada de la estatua de Colón de las inmediaciones de la Casa Rosada ha agravado la tensión entre Cristina Fernández y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que hoy somete a debate en la legislatura porteña la derogación de convenios de gestión de espacios públicos.

Los legisladores de la capital discutirán a instancias de la conservadora Propuesta Republicana (Pro), liderada por el alcalde, Mauricio Macri, la posibilidad de revisar o, incluso, suspender el acuerdo firmado con el Gobierno nacional en el año 2007 para el manejo y mantenimiento del paseo público.

El nuevo capítulo de tensión entre ambas administraciones se debe a la decisión del Ejecutivo de Fernández de retirar la escultura de Cristóbal Colón situada, hasta el pasado sábado, en un pedestal ubicado al frente de la Casa Rosada.

El Gobierno argentino decidió meses atrás trasladar la estatua de Colón a la ciudad costera de Mar del Plata, unos 380 kilómetros al sur de Buenos Aires, y colocar en su lugar un monumento a la guerrillera de la Independencia Juana Azurduy, natural de Sucre (Bolivia).

Sin embargo, el gobierno de la ciudad reclama la propiedad de la estatua de Colón y considera que el monumento es patrimonio histórico y cultural de Buenos Aires.

Un fallo judicial respaldó el miércoles la polémica retirada de la escultura de Colón al considerar que la decisión del Gobierno nacional entra en los límites de un plan de trabajos de restauración y que no incumple una medida cautelar dictada en junio, que impide el traslado de la figura.

El juez rechazó la denuncia por presunto “incumplimiento de medida cautelar” interpuesta el pasado lunes por la organización no gubernamental Basta de Demoler, e interpretó que las actuales tareas forman parte del “Plan de desmontaje y preparación para análisis y evaluación de cada una de las partes constitutivas del monumento”.

Este plan, que se había notificado a los tribunales previamente, contemplaba la “urgencia de desmontar la estructura, a fin de garantizar la conservación, cuidado y puesta en valor” y no entra en conflicto con la decisión judicial que el pasado mes prohibió concretar cualquier acto que implique el desmantelamiento y traslado del monumento de su ubicación original.

Pero mientras se desarrolla el problema en un nivel legislativo, la salida de Colón del frente de la Casa Rosada tiene otras implicaciones, en un nivel de representación. “Queremos sacar a Cristóbal Colón para instalar al lado de la Casa Rosada, representación de toda la historia de los argentinos, de toda la sangre derramada (...), a Juana Azurduy, esa heroína de la independencia”, ha dicho Cristina Fernández en un acto público.

Desde el punto de vista de lo que simboliza una estatua y la otra, el monumento de Azurduy (donado por Evo Morales), una guerrillera independentista del siglo XIX que luchó contra el ejército español, aparece como una figura con significados opuestos a los que pudiera provocar el navegante genovés.

Colón, cuya estatua ahora está tumbada en el piso junto al que era su pedestal, es reconocido como el primer embajador español en América, cuyo descubrimiento dio origen al período de la conquista.

Esa oposición simbólica aparece entonces como un dato que da algo más en qué pensar sobre el enfrentamiento legislativo que se desarrolla en la capital argentina.

Otros actores presentes en este debate son los miembros de la comunidad italiana en Buenos Aires, quienes el pasado 3 de junio celebraron su día en Argentina, manifestándose en contra de que la estatua sea retirada.

Fue la misma comunidad italiana la que obsequió la escultura a la ciudad de Buenos Aires en 1921, como una forma de agradecimiento por la hospitalidad que los ciudadanos argentinos demostraron a los inmigrantes.