El III Encuentro Nacional de Cine que se realizó en la Universidad de las Artes, de Guayaquil, permitió que durante 2 días se contrapongan las posturas sobre la Ley de Fomento al Cine Nacional: una de ellas postula la posibilidad de reformar esta ley promulgada por el ex Congreso en 2006, y la otra plantea una nueva ley desde cero.

Durante el encuentro, alrededor de 200 participantes y 10 exponentes evidenciaron distintas carencias por las que atraviesa el sector.

Si bien reconocen que durante los 9 años de vigencia de la ley -que facultó la conformación del ConsejoNacional de Cine- el sector ha pasado de tener una programación esporádica a 16 películas estrenadas en salas comerciales del país, en 2014, este es un nuevo momento. “Esta es una ley pequeñísima de 11 artículos, en la que tal vez dos o uno estén de más, pero que ha logrado muchísimo”, dijo Manolo Sarmiento, cineasta y director del documental la Muerte de Jaime Roldós, durante la primera mesa redonda del Encuentro.

En general, el sector se muestra favorable respecto a la nueva institucionalidad que plantea la reforma. Esta estipula que el actual Consejo Nacional de Cine pasaría a ser un Comité Interinstitucional de Fomento del Cine y el Audiovisual. Al respecto, Sarmiento comentó sobre la importancia de que este cuerpo intercolegiado se piense como un sector estratégico de la economía de un país que quiere diversificar sus exportaciones.

“Es importante que haya un cuerpo intercolegiado que defina la política, donde estén los ministros de Cultura, de Industria, los gobiernos autónomos descentralizados”, dijo Sarmiento, a lo que agregó que esta institución debería tener potestades de regulación y control, y no solo de fomento y gestión, porque sin esas herramientas los cineastas podrían enfrentar situaciones como la negación de la Corporación El Rosado para exhibir La muerte de Jaime Roldós.

La posición de Jan Vandierendonck, director de la Corporación de Productores y Promotores Audiovisuales del Ecuador (Copae), se alinea con la Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de los Productores Audiovisuales de Ecuador (Egeda).

La posición de este sector es apoyar la ley desde el trabajo de aspectos comerciales, donde se prioricen  la distribución, creación de mercados comunes, la inversión de carácter privado. Esto, según ellos, permitiría la independencia de la producción y del financiamiento del Estado, además de la circulación del capital extranjero.

“Ya no solo hay que pensar en cuánto gasta el Estado en cine, porque los ingresos que genera el sector audiovisual son mayores”, dijo Vandierendonck, pues, según consideró en una entrevista con este diario, estos, en términos económicos, “equivalen a ingresos mayores que los de la venta del camarón”. Según expuso Sarmiento, los ingresos al país por la actividad cinematográfica oscilan entre $ 400 y $ 700 millones.

Tania Hermida consideró la ley actual de cine como ‘obsoleta’ y puso a consideración la creación de una nueva ley de cine y audiovisual, la cual -según manifestó- debe ir acorde con la agenda política nacional y el momento que vive el país. Al respecto agregó que esta debe ser un instrumento para que se cumplan aspectos como la cuota de pantalla de la producción nacional que establece la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Además, que la ley sea diversa y de calidad, lo cual es un derecho constitucional vigente que se vulnera todos los días. Hermida consideró como vital el debate como un tema de derechos, más que de valores. La propuesta de una nueva ley debe considerar el futuro, en cuanto al acceso del audiovisual.  

La asociación de actores, la Corporación de Productores Audiovisuales de las Nacionalidades y Pueblos, y otros sectores enfatizaron en la necesidad de diversificar los planteamientos, estipular una tabla de salarios mínimos para el sector y regular actividades como la censura municipal, con la cual se determina cuál es el rango de edad para ver una película en salas comerciales.

Pero si en algo está de acuerdo gran parte de las personas vinculadas al sector, es que la propuesta se ejecute por la vía legislativa (Asamblea) y no administrativa, considerando que en un próximo gobierno “como de un banquero” -citando a Sarmiento-esta podría ser derogada por decreto.

Bajo esta concordancia, una de las preocupaciones compartidas respecto al debate de lo que sería una posible reforma a la Ley de Fomento del Cine, o el caso de una nueva ley, es la prolongación que ha tenido la aprobación de una Ley Orgánica de Cultura. Esta debió aprobarse en octubre de 2009, según establece la Constitución en su segunda disposición transitoria.

Desde 2007 la cartera de Estado ha tenido 6 ministros.  

Para Jorge Luis Serrano, este encuentro tiene como base la construcción de lo público, y si bien la Ley de Cultura aún está en trámite, la unión del sector muestra una madurez asociativa que sirve de base para ejercer una presión social que sirva al sector cultural.

INTELECTUALES DEBATEN SOBRE ESTADO Y CULTURA

El proceso de construcción de una Ley de Cultura, próxima a aprobarse en la Asamblea Nacional, incluye discusiones sobre la normativa.

La Casa de la Cultura Benjamín Carrión en Quito organiza, desde la mañana de ayer, un Encuentro de Intelectuales, que lleva el nombre de Estado y Cultura. Un debate sobre sus interrelaciones que tiene como protagonista ausente al filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría, sobre cuyo pensamiento se hizo el foro “Los Conceptos de Política y Cultura”.

Fernando Tinajero fue el moderador, en el Teatro Prometeo, ayer, a las 10:00. El catedrático universitario resaltó la relevancia que Echeverría tuvo en la Universidad Autónoma de México (UNAM), institución que también posibilitó el reconocimiento de otro intelectual, Agustín Cueva. Para Tinajero, el carácter migrante de ambos hizo posible que se hayan convertido en referentes fuera de Ecuador, “un país ingrato”, según afirmó, que no los hubiera valorado si se quedaban trabajando en estas tierras.

El también profesor universitario Wladimir Sierra hizo una síntesis del filósofo riobambeño y destacó la integración de la teoría del giro lingüístico que este llevó a cabo en el libro El Concepto de la Cultura. Para Sierra, la importancia capital de Bolívar Echeverría radica en su desarrollo de una categoría marxista postergada teóricamente: el valor de uso, sobre la que se sustentan y explican los usos culturales.

Entonces, Valeria Coronel intervino para aclarar que la lectura del barroquismo hecha por el autor fallecido abarca las condiciones contradictorias que caracterizan a la modernidad capitalista. Un cúmulo de prácticas y saberes que desplazan el lugar de la crítica social. Este tema, la crítica, cerró el panorama que estos intelectuales mostraron cuando el sociólogo Rafael Polo habló de la “actitud desacralizadora“ que evitará la “barbarie” deshumanizadora en la era del progreso.

Hoy otros pensadores debatirán Los usos políticos de la cultura (09:00) y El papel de la interculturalidad (11:30).