En 1997, el historiador Amílcar Varela hizo un descubrimiento histórico que entonces —un entonces que duró 18 años— pasó desapercibido. El hallazgo se dio en Quito, en el Archivo Jacinto Jijón y Caamaño, y fue una misiva titulada ‘Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla’, la llamada Carta de Jamaica enviada por Simón Bolívar el 6 de septiembre de 1815 a Henry Cullen, un comerciante inglés, durante el exilio de El Libertador en esa isla.       

Varela encontró el documento durante su investigación sobre la Monografía de Ibarra, un recuento en el que debía mencionar indiscutiblemente a Bolívar, pues en la ‘Ciudad Blanca’, el Libertador estuvo 7 veces y fue allí donde libró su batalla en Ecuador.

Después del hallazgo de uno de los documentos más importantes de la independencia de América, Varela notificó el hecho al Banco Central de Ecuador (BCE), que en ese momento regentaba el archivo histórico. La respuesta nunca llegó. Insistió con otro funcionario y recibió una respuesta simple: nadie había propuesto que dicho archivo sea la Carta de Jamaica.

Los años pasaban con indiferencia, y un perito grafólogo de la Universidad Central revisó el documento en cuestión, constató la veracidad de la misiva y en 2001 se publicó en uno de los boletines de la Academia Nacional de Historia de Ecuador. El hallazgo llegó a ser una noticia local y, recién en 2014, 199 años después de haberse escrito y tener varias reproducciones con un párrafo ausente —en todas sus versiones en español—, se verificó la autenticidad del documento que se daba por perdido.

Una epístola de Bolívar había sido víctima del descuido y de las dilaciones propias de la burocracia encargada del patrimonio documental.

Una nueva forma de administrar el patrimonio del país

La Ley de Cultura, que aprobaría la Asamblea Nacional durante el primer trimestre de este año, generaría la institucionalidad del Sistema Nacional de Cultura, el cual estará dividido —para fines de organización, sin exclusión el uno del otro— en dos grandes subsistemas. Uno es el de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural, mientras que el otro es el de Artes e Innovación. “Si bien sabemos que hay una (disposición) transitoria que transfiere la gestión del patrimonio a los GAD (Gobiernos Autónomos Descentralizados) —le dijo a este diario Ana Rodríguez, viceministra de Cultura y Patrimonio—, la gestión del inventario patrimonial tiene que ver con unas condiciones que deben ser manejadas por un instituto de alcance nacional y que deben respetar el hecho de ser signatarios de convenios internacionales y sus definiciones de patrimonio mundial”.

Estas condiciones no impedirían la gestión del patrimonio local por parte de los GAD, pero incluirían ciertos procesos técnicos.

Las extensiones zonales del Instituto de Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) se mantendrán. Según Rodríguez: “la idea es equilibrar (las cosas), porque la matriz (del INPC) es muy grande y hay administraciones zonales muy pequeñas, sin la capacidad de administrar, como, por ejemplo, la de Guayaquil, que no tiene todos los técnicos que debería”.

El arqueólogo José Chancay lleva más de 20 años trabajando en la regional de Guayaquil del INPC. Por su escritorio pasan la mayor cantidad de estudios de prevención previos a las construcciones que se realizan en distintos sectores de la ciudad.

Constata que gran parte de las piezas que están en los museos han sido compradas a gente dedicada a la excavación ilegal, sin control, lo que se conoce como ‘huaquería’. Según Chancay, muy pocos objetos han sido parte de un proceso de exploración controlada.

A pesar de que a través de proyectos de la institución, como el Gran Guayaquil, se han determinado distintas zonas arqueológicas donde existirían vestigios de culturas precolombinas, su exploración se ha visto frustrada por falta de presupuesto. Un ejemplo es la zona arqueológica natural que se encuentra en Samanes, donde el Municipio de Guayaquil, a través de la dirección de áreas verdes, ingresó hace una semana con maquinaria pesada y taló un árbol.

En esta zona, a principios de los 90, la arqueóloga Amelia Sánchez inició una exploración a través de una beca, tras un hallazgo de los moradores. Se encontró con una serie de piezas de la cultura Chorrera (1.200 a.C- 500 a.C), una de las más antiguas descubiertas en la ciudad.

Pese a que los vecinos han buscado preservar el sitio arqueológico en su ambiente natural, una vecina denunció que uno de los ceibos de la zona estaba inclinado y podría caer en su casa por las lluvias. Sin ningún estudio, agentes municipales ingresaron maquinarias al parque, sobre la zona arqueológica y talaron el árbol de más de 100 años. Con varias denuncias se ha buscado preservar la raíz, que de levantarla acabaría con varios vestigios que aún se encuentran en el lugar.

Para Sánchez, la arqueología ha sido desplazada por temas generales. La investigación en esta rama es otro de los temas pendientes, que requiere una especialización para indagar en sitios ya conocidos y algunos recién descubiertos, como el río Upano (en Macas, provincia de Morona Santiago).

“En muchos casos, los GAD destruyen el patrimonio arquitectónico bajo la premisa de que pueden decidir sobre aquello”, señaló Rodríguez. “Eso es un problema porque ven como suelo a algo que tiene un valor histórico. En Quito hubo varios derrumbamientos en La Floresta, hace dos semanas se demolió una casa patrimonial de La Mariscal, y hay otros casos en Guápulo”, especificó. La demolición del patrimonio inmueble se debería, según la viceministra, a las contradicciones entre las competencias de los GAD y el articulado de la actual Ley de Patrimonio. El Consejo Nacional de Competencias dirimiría esas confusiones en cuanto a políticas públicas y rectoría, un embrollo que perjudica la memoria.

La única institución nueva —muchas se reestructurarán— en el marco de la Ley de Cultura tiene que ver con la gestión del patrimonio —que, además, incluye bienes muebles e inmateriales— y sería el Instituto de Memoria Social (IMS) que tendrá competencias de control técnico para “evitar duplicidad de funciones con el INPC”, como las relacionadas con la conservación y restauración. El IMS absorbería a la Subsecretaría de Memoria Social,  que pertenece al Ministerio de Cultura y Patrimonio, y a una parte de su Subsecretaría de Patrimonio.

El articulado plantea que bibliotecas, archivos y repositorios se incluyan en la nueva estructura, como los 14 museos que estaban bajo la administración —hasta el traspaso de bienes que se efectuó— del Banco Central y que contienen colecciones representativas del país y la región.

A la lista de pendientes se suman la integración Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, que está regida por una transitoria —que no se ejecutó— de traspaso a los repositorios nacionales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE). Y el Archivo Nacional tiene su régimen de archivo, al igual que otros repositorios que también tienen su propio marco legal. El IMS definiría cada proceso especializado y, a través de este, se derogaría, por ejemplo, el estatuto de corporación de Ciudad Alfaro, para que esta pueda transformarse en un repositorio de la memoria.

El criterio para distribuir los recursos del patrimonio también será revisado y su fin sería que instituciones como la Biblioteca Nacional del Ecuador, que recibe $150 mil al año para su funcionamiento, tenga un presupuesto más coherente con su actividad y necesidades.

“Hay elencos nacionales que reciben recursos directamente del Ministerio de Finanzas, como el Ballet Ecuatoriano de Cámara; la idea no es que dejen de recibirlos, pero sí que se adscriban a una institución que gestione su presupuesto”, dijo la viceministra. (I)  

Datos

EL subsistema de Memoria Social y Patrimonio Cultural tendría capacidad regulatoria en 4 ámbitos: museos, bibliotecas, archivos y sitios arqueológicos.

La interculturalidad será tomada en cuenta en la reestructuración del Museo Nacional, según la Viceministra de Cultura y Patrimonio. El Banco Central administraba el repositorio sin tomar en cuenta ese criterio.

Para el mes de febrero se trabajará en guiones museológicos y museográficos, con una empresa pública de la Escuela Politécnica Nacional, que recoja consultorías pasadas y recopile sus aportes técnicos.

El Artículo 379 de la Constitución dice que “son parte del patrimonio cultural (...) relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros: las lenguas, edificaciones y documentos”.