El patrimonio nacional que se encuentra en el exterior se ha visto vulnerado al formar parte de subastas de casas comerciales, como Sotheby’s. Lo mismo ha sucedido con bienes arqueológicos de Perú, Colombia y México.

Ecuador toma acciones legales en torno al tema, para realizar una repatriación exitosa de las piezas arqueológicas que se hallan en Europa. El principal inconveniente en el proceso son las leyes internacionales que no amparan a los cuerpos legales de cada país (donde se afirma que los bienes patrimoniales son única y exclusivamente del lugar que provienen).

Joaquín Moscoso, presidente del Comité de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Patrimoniales, del Ministerio Coordinador de Patrimonio de Ecuador, habla  sobre el proceso que se lleva a cabo para la repatriación y qué otras acciones se han gestionado.

¿Qué organismos nacionales trabajan con la lucha en contra del tráfico ilícito?
Bueno, en sí el Comité de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Patrimoniales de Ecuador, que está conformado por varias instituciones, el Ministerio Coordinador de Patrimonio (que preside el comité)... Trabajan también el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.

Este comité se creó en 2010 con el propósito de emitir políticas y producir acciones firmes para los temas de protección y salvaguarda del patrimonio, para la preservación de bienes culturales a nivel nacional y también a nivel internacional; lo que corresponde a la repatriación de objetos patrimoniales ecuatorianos que se encuentran en el extranjero.

Ecuador ha realizado acciones en contra de las subastas internacionales en las que se ha pretendido vender piezas patrimoniales nacionales, ¿qué comprenden estas medidas? ¿Cómo se ha llevado el proceso?
 Han existido varias subastas entre el 2011 y 2013 en las que estuvieron involucrados los bienes arqueológicos ecuatorianos, y bienes culturales de otros países, sobre todo de América Latina y el Caribe. El último caso, que es de Sotheby’s, en Francia, involucraba 13 objetos que, según los catálogos de  la subasta, pertenecían al patrimonio arqueológico ecuatoriano.

Se han realizado declaraciones legales, sin embargo en los reclamos en la sede judicial, a través de la Procuraduría General del Estado, ante los tribunales y jueces de París, se nos ha visto negada esa declaración ecuatoriana. También realizamos una declaración diplomática a través de la Cancillería. Pero el Gobierno francés ha manifestado la imposibilidad de ayudarnos en el proceso de repatriación de bienes patrimoniales ecuatorianos.

¿A qué se debe esto? ¿No hay leyes o tratados internacionales que amparen los reclamos?
Se debe a que la Convención de Tráfico Ilícito de Bienes Patrimoniales de la Unesco, de 1970, exige una serie de requisitos que no pueden cumplir los países que reclaman los bienes patrimoniales. Muchos de estos tratados son caducos e inoperantes. Fortalecen más a los países mercado, que a los países saqueados de estos bienes.

¿Qué tipo de trámite solicitan estas disposiciones?
Que nosotros tengamos previamente inventariados y registrados los bienes patrimoniales que reclamamos. Segundo, que tengamos que probar cuándo salieron dichos bienes patrimoniales, es decir, la fecha, el lugar o la frontera por donde dichos objetos fueron trasladados del país. También dispone que tengamos que pagar a los compradores “de buena fe”, como ellos los denominan, de dichos bienes patrimoniales. Y solicita que la carga de la prueba sea por parte del país que reclama o solicita.

Este tipo de convención para Ecuador, además de Perú, México, Argentina, Guatemala, Venezuela, etc., es inconcebible porque no ampara las propias leyes nacionales. El patrimonio arqueológico, por disposición legal y constitucional, le pertenece de manera exclusiva al Estado nacional.

Eso dicta la Constitución Política del Estado, como también lo determinan las leyes asociadas a la materia como la Ley de Patrimonio Cultural, que data de 1979; y existen disposiciones legales que manifiestan o afirman que el patrimonio arqueológico le pertenece a Ecuador, que datan de 1911.

Y en cuanto a ese problema, ¿qué medidas ha tomado Ecuador?
Se ha reclamado una reforma de la Convención de 1970. Se deben cambiar las reglas del juego de la repatriación y recuperación de bienes patrimoniales en el exterior.

Lo que estamos haciendo ahora es generar nuevamente acciones de carácter judicial, emprendidas por la Procuraduría, que ha contratado tres bufetes de abogados en Francia, Alemania y España.

Todo esto con el fin de promover acciones de carácter público que piden el reconocimiento del derecho ecuatoriano a repatriar sus piezas. Esta es una crisis que no solo afecta a Ecuador sino a la mayor parte de América Latina.

¿Qué resultados ha dado la contratación de los bufetes?
Por ahora, la sede judicial nos negó la solicitud de repatriación. La Unesco, en ese sentido, ha tenido una participación activa también. Irina Bokova se ha pronunciado de manera explícita y pidió que las casas de subasta verifiquen de manera firme y con investigación profunda, a dónde pertenecían y cómo así se encontraban las piezas arqueológicas en dichas casas para ser rematadas.

Creemos igual que las acciones judiciales o cualquier pronunciamiento serán ineficaces mientras no cambien las reglas del juego de la Convención de 1970. Habrá una reunión en junio de 2013 en París, donde se debatirá este tratado y  se harán varias propuestas.

¿Cuáles son estas propuestas?
Que se aplique la legislación de origen de bienes culturales. Que en el momento que un país declara que los bienes patrimoniales, en este caso arqueológicos, son de ellos, no tiene que existir mayor detenimiento en un proceso de repatriación.

Sin embargo, han podido recuperar 670 bienes patrimoniales que estaban en
el exterior...
Claro, desde 2009 hasta 2013, pero sobre todo, en muchos de los casos, han sido por la buena voluntad de los países, y por las acciones de carácter diplomáticas, a través de la Cancillería. Pero es insuficiente si sabemos que la mayoría de estos bienes se encuentra  en las casas comerciales de arte de Europa.

¿En qué países se encontraban estas piezas?
Los países que nos han  devuelto las piezas son Suiza, Bélgica, Italia, a través de la Interpol. Argentina también nos devolvió ciertos objetos patrimoniales. Incluso con Estados Unidos no hemos tenido inconvenientes en el tema de la repatriación.

¿Qué datos tienen sobre los bienes patrimoniales que ahora se hallan en el exterior, aparte de los que están en París?
Es difícil ubicarlos en su totalidad, muchos de los museos europeos cuentan con nuestros bienes patrimoniales, pero muchas veces no tenemos antecedentes de las ventas. Incluso antes de la década del 70 salían muchos bienes patrimoniales sin ningún tipo de control. Desde la creación de la Ley de Patrimonio Cultural se han determinado acciones.

Ecuador, por ejemplo, es uno de los primeros países en implementar el mecanismo que obliga a que los pasajeros que salgan del país hagan una declaración juramentada de no transportar bienes patrimoniales de origen nacional.

Hace poco hubo unos talleres binacionales con Colombia, ¿qué temas se debatieron?
La generación de fortalezas y capacidades de control, sobre todo en la frontera. La idea es unificar mecanismos de control y capacitar a la Policía de Migración y aduanas. Lo mismo se hará con Perú en mayo.

La idea es que en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes patrimoniales tengamos una sola visión para mejorar estrategias, ya que en las solicitudes de repatriación ningún país pudo recuperar sus bienes. En Colombia, por ejemplo, no tienen sanciones como tenemos acá, aparte hemos realizado varios cambios, en la mayoría es sistemático.

¿Cuáles son esos cambios que se han dado dentro de Ecuador para fortalecer la lucha del tráfico de bienes patrimoniales?
La propia creación del comité es una herramienta de protección,  como es la Policía Patrimonial, creada con antecedentes de emergencia de patrimonio cultural. En 2008, el presidente de la República, Rafael Correa, por medio de un  decreto ejecutivo, elevó a política pública la lucha contra el tráfico ilícito de bienes patrimoniales.

Aparte, existen tres artículos vigentes de la propuesta del Código Penal Integral,  pero ahora que se debate en la Asamblea en el nuevo planteamiento hay seis disposiciones relacionadas con delitos patrimoniales, dos tienen implicaciones dentro del comercio y tráfico ilícito.

Actualmente, el Código Penal sanciona de 1 a 3 años de cárcel al comerciante, se  pretende cambiar la sanción de 8 a 5 años. Aunque igual se deben hacer los cambios a nivel internacional para la repatriación de los bienes, también es necesario un cambio de mentalidad.