Ecuador cuenta con 32.385 construcciones que son bienes patrimoniales en todo el país. La mayor cantidad se ubica en Azuay con 6.458, sigue Loja con 4.155 y Pichincha con 3.357.

Sin embargo, estas obras se dividen en 15 tipologías que van desde túneles, molinos, hasta monumentos y edificios con arquitecturas vernácula, religiosa, tradicional y civil.

Joaquín Moscoso, director del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador, señala que adicionalmente la nación cuenta con 39 declaratorias “en centros históricos, ciudades, parques, tramos urbanos, como patrimonio cultural nacional”.

¿Qué es un bien patrimonial?

Según la Ley de Cultura, son las edificaciones construidas hasta el año 1940. Sin embargo, la normativa también da paso a las declaratorias patrimoniales siempre y cuando cumplan con requisitos que validen la necesidad de protección y conservación.

Estos son: antigüedad, tipología funcional, técnicas de construcción, ubicación y distribución de espacios, histórico, testimonial, simbólico y entorno arquitectónico.

Es por ello que la cifra cambia cada año debido a su constante actualización, especialmente desde el 3 de junio de 2015 cuando el Consejo Nacional de Competencias transfirió a los gobiernos locales la responsabilidad de preservar, mantener y difundir el patrimonio en sus ciudades.

Guayaquil tiene 492 inmuebles considerados patrimoniales.

Christian Ponce, director de Urbanismo del Municipio, detalla que desde 2016 a 2019 se ejecutó la restauración total de las construcciones emblemáticas que contempla al Mercado Central, Casa del Cacao, Museo del Cacao y el Castillo Espronceda.

“Los trabajos que fueron autorizados se concedieron cumpliendo las normas vigentes de construcción y se consideró que las características patrimoniales de las edificaciones se mantuvieran”, sostiene Ponce.

De acuerdo al Instituto Nacional de Patrimonio, el 90% de los bienes inmuebles patrimoniales son de vivienda y privadas, situación que dificultaba atender desde el Estado, a través del Ministerio de Cultura y de Finanzas.

“Hay dueños con mayor compromiso, otros no, presiones inmobiliarias, familias y poblados pobres que rodean el lugar y que generan abandono de estos espacios”, explica Moscoso.

Las investigaciones de la entidad sostienen que al menos 2 millones de personas habitan estos lugares.

En la ley se contempla que los municipios puedan hacer intervenciones a costos compartidos con los propietarios de los bienes.

Actualmente el Gobierno Nacional destina $ 160 millones anualmente por concepto de competencias patrimoniales a los gobiernos locales. Sin embargo, entre sus obligaciones está generar recursos y políticas públicas para el cuidado y control de las edificaciones.

La urbanista Priscilla Luna recalca que es vital mantener la historia en las ciudades, pues le da la particularidad a cada espacio para ser reconocido como tal. (I)