La jueza vigésima segunda de lo Penal de Pichincha, Paulina Sarzosa, quien lleva la acción de protección que interpuso el candidato Raúl Pérez Torres, para defender el proceso de elecciones presidenciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), no emitió resolución ayer. Lo hará en el transcurso de esta semana. Desde hoy la entidad está sin dirección.

La jueza, después de escuchar los alegatos en la audiencia, en la que participaron Xavier Guzmán por parte de la CCE y Carlos Eduardo Pérez en representación de Pérez Torres, dijo que esperará que le llegue la documentación completa de las partes y en el transcurso de la semana emitirá una resolución.

El primero en presentar los alegatos fue el representante Pérez, quien aseguró que la CCE, representada por la Junta Plenaria, “vulneró uno de los derechos constitucionales que es el de elegir y ser elegidos” al tratar de realizar nuevamente un sufragio en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y en Zamora Chinchipe.

El defensor del candidato dijo que la Junta Plenaria de la CCE lo que tiene que hacer es cumplir con el reglamento de las elecciones, que consiste en proclamar los resultados obtenidos el 1 de agosto en los 24 núcleos provinciales, incluida la matriz, en los que el ganador, según un conteo preliminar, era Pérez Torres.

El abogado enfatizó que las elecciones de Santo Domingo se cumplieron como lo mandó la CCE; y sobre las supuestas irregularidades que se dieron en el proceso, respecto a la participación en las votaciones de 15 miembros que fueron supuestamente separados por el directorio de ese núcleo, señaló que tenían derecho a sufragar.

Además, dijo que la casa matriz recién iba a tratar el tema de la separación días después de los sufragios, es decir que no estaba legitimada esa aparente expulsión y esa acción correspondía a una maniobra de la Junta Plenaria.

Otro de los argumentos de la defensa del aspirante fue que el borrador del reglamento de elecciones fue elaborado por Marcelo Valdospinos, y que eso demuestra, a su criterio, que se quiere seguir con la misma gestión de Rodríguez. 

El defensor de la CCE pidió a la jueza desechar la acción de protección porque considera que no se ha vulnerado la Constitución. El abogado aseguró que la Junta Plenaria tiene el poder de interpretar los reglamentos, y es lo que hizo en el caso de Santo Domingo y Zamora.

Según el jurista, los 15 miembros expulsados de Santo Domingo no tenían que votar porque ya estaban separados, y sobre Zamora indicó que el reglamento establece que el presidente de cada núcleo debe dar el nombre del binomio del ganador, pero como no hubo decidieron repetir el sufragio.

Pérez, quien acudió a la audiencia, dijo estar seguro de que el dictamen va a ser favorable porque allí se demostró que la Junta Plenaria incurrió en ilegalidades. A dicha audiencia acudieron artistas, gestores culturales y  trabajadores de la CCE.

Según el asesor jurídico del ente, hasta ayer podían permanecer en la institución Marco Antonio Rodríguez, al igual que  los directores de las secciones. Así, la  entidad queda acéfala, sin autoridades.