Durante la inauguración del III Festival Internacional de las Artes Vivas de Loja (FIAVL), el 15 de noviembre pasado, el escritor Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio, anunció que la próxima edición del evento ya tendría opciones de financiamiento.

El certamen este año se realiza con $ 2'600.000 de presupuesto y culminará el 25 de noviembre, en la capital lojana. Para la actual edición, que dirige el artista Roberto Sánchez, se han incorporado colectivos que fueron críticos del evento, como Malayerba o Muégano Teatro, entre los 16 grupos nacionales seleccionados.

El lunes último, el viceministro de Cultura, Gabriel Cisneros, le explicó a este Diario lo que considera un “diálogo sobre el sector cultural, en torno a la cultura y redistribución de las riquezas del festival”.

El funcionario contó que la proforma presupuestaria que el MCyP presentará a la Asamblea Nacional contiene “el mismo monto de este año para 2019”.

Los $ 2’600.000 fueron fijados este año, según lo dispuesto por el exministro (e) de Cultura y Patrimonio Andrés Aráuz, en mayo de 2017. En el último mes del mandato del expresidente Rafael Correa, Aráuz gestionó la firma de un contrato por $ 5’600.000 con la empresa Stargroup (Ekos) para realizar la segunda y tercera ediciones del evento que, a seis días de dejar el cargo presidencial, Correa declaró prioritario a través del Decreto Ejecutivo 1416, que concibe al FIAVL como un evento artístico y no como obra artística, según la Contraloría.

Este último organismo emitió un informe a mediados de este año –luego de realizar una auditoría que comprende el período 1 de marzo-31 de diciembre de 2017– en el cual consta que “no presentaron documentos en que se establezcan necesidad y estudios técnicos” para fijar los presupuestos.

“En Loja hay una insistencia de que se mantenga”, dice Cisneros antes de asistir a la obra Venciendo la Cordura, en La Casona. La tarde del 19 de noviembre, el viceministro recibió la noticia de la cancelación de su vuelo, en la aerolínea Tame y regresó a la capital lojana desde el aeropuerto de Catamayo. “Quitarle el festival a Loja, hacerlo en otra ciudad, significaría que pierda su identidad, que desaparezca”, insiste.

Sobre la existencia de un concurso público, que se omitió con el decreto de Correa, Cisneros afirma que propondrán que haya una “licitación, para que participen distintos proveedores, ya no en torno a un hecho artístico sino para la gestión que incluye comunicación y logística”.

La asambleísta Verónica Arias habría dialogado con funcionarios del MCyP y Cisneros ratifica que esta cartera de Estado, junto al Municipio de Loja, seguirán siendo los proponentes en cuanto a las nuevas contrataciones del festival que, en 2017, costó $ 3’000.000 y –según datos del MCyP– convocó a más de 1.500 artistas, además de duplicarse la asistencia de 2016 a un total de 150 mil espectadores en teatros, plazas y calles de la capital lojana. (I)