Suecia pide la extradición de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, sin que haya una sentencia judicial de por medio. Ni siquiera se le han formulado cargos, lo que hay es la acusación de dos mujeres de delitos sexuales. A él se lo requiere para que dé su versión de los hechos.

Los presuntos delitos afectan a dos mujeres con las que Assange  mantuvo relaciones sexuales consentidas, entre el 13 y el 18 de agosto de 2010, cuando estaba de visita en Suecia.

El principal es el de violación “en grado menor” de la joven SW (Sofia Welin), mientras dormía y con el agravante de que el sexo fue realizado sin preservativo, según la declaración de ésta recogida en la investigación preliminar.

Assange es sospechoso además de otros tres delitos contra AA (Anna Ardin): uno de coerción ilegal la noche del 13 al 14 por retenerla contra su voluntad usando la fuerza; y dos de acoso sexual esa misma noche y la del 18 por tener sexo sin preservativo y por frotar su miembro sexual erecto contra ella, según la denuncia.

La violación está castigada con penas de entre dos y seis años de cárcel, mientras que los otros delitos son penados con una multa o con prisión de hasta dos años, según las leyes suecas.

Assange, quien niega las acusaciones, viajó a Estocolmo invitado por varias organizaciones, como el colectivo cristiano del Partido Socialdemócrata sueco, cuya portavoz es Anna Ardin, que ejerció de jefa de prensa de Assange esos días y lo acogió además en su casa.

El fundador de WikiLeaks pronunció una conferencia para ese colectivo el 14 de agosto. Allí conoció a Welin, que se había acreditado como fotógrafa para cubrir el evento. Dos días después viajaron en tren a la casa de Welin en Enköping, al oeste de Estocolmo, y allí pasaron la noche juntos.

Las dos jóvenes, que se habían conocido unos días antes, deciden acudir a una comisaría del centro de Estocolmo el día 20 y presentan la denuncia por violación y por acoso sexual.

Pero varios detalles de la denuncia plantean interrogantes, sobre todo los relacionados con Ardin. Si había sido acosada por Assange el día 13, por qué vivió con él una semana más y por qué dos días después escribió en su cuenta de Twitter que iría con él a una fiesta al día siguiente o que era “asombroso” estar con la “gente más cool del mundo”.

Los mensajes fueron borrados por Ardin tras presentar la denuncia, pero quedaron guardados en el “caché” de Google, un mecanismo de almacenamiento de información en internet. Varios medios suecos han insinuado que Ardin pudo actuar por despecho, tras recibir el día 18 una llamada de Welin a su casa y descubrir que Assange mantenía relaciones sexuales con otra joven.

En su blog, cerrado tras la denuncia, Ardin había colgado lo que llamaba la “perfecta estrategia” para vengarse de un hombre “infiel”, lo que unido a su condición de “feminista radical”, asumida por ella misma, podría alimentar esa hipótesis.

Ardin, que ejerce como periodista en el “Gotlands Folkblad”, mantiene desde hace años vínculos con grupos anticastristas, lo que ha hecho surgir acusaciones por supuestos contactos con la CIA.

Lo cierto es que el sistema legal de Suecia, en lo concerniente a delitos sexuales, es el resultado de una política ultrafeminista impulsada en ese país desde la década del 70.

Por aquella época Suecia padecía las tasas de violación más altas de Europa. Esos delitos involucraban a todos los estamentos de la sociedad.

Como resultado de ello, grupos feministas impulsaron cuerpos legales drásticos que condenan, por ejemplo, la no utilización de un preservativo en una relación sexual consentida.

Con ese antecedente, el sistema penal sueco ha perfeccionado cada vez más sus métodos y lo que considera ilegal. Es justamente esta visión que ha sido criticada por grupos que defienden a Assange, incluido el propio presidente ecuatoriano Rafael Correa.

A esto se suma la negativa de la fiscalía sueca de tomar la declaración al australiano en Londres, un procedimiento que ya se ha realizado en otros casos. En ocasiones, los interrogatorios incluso se realizan por videoconferencia. Pero Suecia se rehúsa a aplicar esa herramienta.