En 1984, antes de que León Febres- Cordero asuma la Presidencia, la Policía Nacional  constituyó el  SIC-10, una dependencia antisubversiva que operaba de forma clandestina con el propósito de “reprimir y aniquilar a miembros de Alfaro Vive Carajo (AVC) y de otras organizaciones político militares”.

El 12 de enero de 1988, cuatro días después de la desaparición de los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés  Restrepo, el general Miguel Arellano, ex jefe de Inteligencia Militar, informó a los padres que los jóvenes eran investigados  en el SIC-10 por un asunto menor y que los buscaran en el CDP o cárceles, pero nunca los hallaron.

De acuerdo con documentos oficiales, desclasificados por la Comisión de la Verdad, esa unidad se formó con elementos de la Brigada de Automotores que  investigaba casos especiales de tráfico y robo de vehículos. Esos miembros fueron capacitados por  instructores estadounidenses e israelitas en técnicas de interrogación y tortura.

Hasta la fecha, algunos funcionarios de ese Gobierno y altos oficiales de la época niegan la existencia del SIC-10, pero en varios oficios  constan   algunas  investigaciones, como  el secuestro del empresario Nahím Isaías, que   fueron asignadas a esa unidad, a cargo del  entonces  mayor Édgar Vaca Vinueza (en el 2004 fue comandante general de la Policía).

En 1988, los agentes Édgar Fraga Narváez, Libardo Gudiño Paredes y Jorge Armando Medrano pertenecían a  la Brigada de Automotores, la cual operaba en las instalaciones del SIC de Pichincha (calle Montúfar y Manabí, actual Regimiento Quito Nº 2), a cargo del entonces coronel Trajano Barrionuevo.

Según el testimonio del ex policía Salomón Castillo, la noche del 9 de enero de 1988,   se dirigió al SIC-P luego de que solicitaran apoyo a través de la radio patrulla. Al llegar, habría escuchado a   Fraga decir  que se le había ido la mano cuando  investigaba a dos ciudadanos por el robo de un vehículo y que el cadáver de uno de ellos estaba en la cajuela  de un Trooper, que al parecer era el vehículo que conducía Santiago Restrepo  el día de su desaparición.

Los  ex agentes pidieron la baja en  el 2007  y ahora ejercen la abogacía. Medrano, por ejemplo, defendió a los hermanos Miguel y Edison Ostaiza, condenados a 12 y seis años de prisión por lavado de activos, en el caso Huracán de la Frontera.

El caso provocó la indignación de un sector de la Policía  cuando Pedro Restrepo responsabilizó públicamente a la  institución por  la  desaparición de sus hijos. Ante ello, en octubre de 1992,  el entoncesjefe de la UIES (unidad que reemplazó al SIC), Édgar Vaca,  pidió a la Comandancia que actúe frente a las injurias y agresiones verbales de los padres   en contra de los policías.

Ese año se conformó  la comisión de defensa institucional, liderada por Vaca, la cual se reactivó en diciembre del 2009 cuando se anunció la publicación del informe de la Comisión de la Verdad, responsable de  investigar  los delitos de lesa humanidad cometidos en el  Gobierno de Febres-Cordero y otros períodos.

En respuesta a esas denuncias, Vaca y otros oficiales publicaron el libro “Terrorismo y Subversión: La verdad que no se ha dicho”, con el cual justificaron la acción policial.

La Fiscalía reabrió el caso y  algunos involucrados han sido convocados. Ayer acudió  María Fernanda Restrepo, quien cuestionó que el ex policía Camilo Badillo, sentenciado por este caso en 1994,  continúe con resguardo  policial,   pese a que el fiscal general Galo Chiriboga  dijo que no podía estar dentro del sistema de protección de víctimas.

También acudieron los coroneles Edmundo Mera y Miguel Chiriboga, acusados de desaparecer evidencias. Su abogado, Vinicio Villa, indicó  que por estar en etapa de indagación previa pidió sigilo a la prensa.