Al mismo tiempo que avanza la instrucción fiscal en torno a la red de corrupción que negociaba pases al interior de la Policía, la Inspectoría de la institución analiza los casos de quienes habrían obtenido el traslado pagando por el trámite.

El comandante General de la Policía, Diego Mejía, considera que estos miembros de la entidad habrían cometido un delito de cohecho, “lo que implicaría la destitución”. Por ello se recolecta información de todos los pases otorgados entre octubre de 2014 y julio de 2015, cuando al parecer operó el sistema ilícito.

El inspector de Policía, Edmundo Moncayo, no da mayores detalles del tema porque explica que hay una investigación fiscal que se lo impide. “La Inspectoría no analiza delitos sino conductas, las cuales, según el reglamento interno, tienen varios tipos de sanciones que incluyen destitución, sin que eso impida que las autoridades judiciales sigan el proceso legal”, recalcó Moncayo.  

El general Mejía considera que el tema de los pases siempre ha sido complicado: “De acuerdo al reglamento, un Policía puede solicitar el pase una vez que cumpla 2 años de servicio en un mismo lugar o por cuestiones extraordinarias como calamidad doméstica o enfermedad”.

El oficial explica que desde hace 2 años los agentes son asignados a sus lugares de origen o donde tienen su residencia permanente, o cuando contraen matrimonio o tienen hijos.

El trabajo en la policía implica movimientos de acuerdo a las necesidades de servicio. “Tenemos cerca de 2.500 miembros oriundos de Cotopaxi, pero en esa plaza solo se necesitan 1.200; el resto tiene que ser reubicado”. Igualmente, hay zonas donde se necesita más personal, como en Guayas, Manabí, Azuay.

Las provincias amazónicas o Galápagos también deben ser cubiertas con más policías. “La institución hace lo posible por mantenerlos lo más cerca posible de sus hogares”, recalcó.

El personal también se mueve en varios ámbitos, por ejemplo hay 1.300 policías asignados a los centros de rehabilitación y que son cambiados cada 6 meses por  estrategia.

Anualmente son movidos de lugar 2.600 gendarmes, lo que implica igual número de reemplazos. Además, las autoridades civiles intervienen con peticiones de traslados y existen policías que  aprovechan eso para conseguir un cambio. “A veces las esposas abogan ante las autoridades para conseguir el pase de policías, que por alguna razón fueron enviados a otras ciudades”, explica Mejía.

Estas características del servicio habrían abonado para que  germinara la red de corrupción que vendía los pases en la institución y cuyo cabecilla fue identificado por la Fiscalía como el teniente Alexis C. Él habría actuado presuntamente en contubernio con otros 26 policías, incluidos el excomandante Fausto T, y el jefe de pases de la Dirección de Personal, coronel Pedro T. De ellos 18 están detenidos y el resto continúa prófugo.

‘El Duro’ fue el sobrenombre que hizo popular al teniente Alexis C., al momento prófugo, quien según la Fiscalía lideró la red de corrupción.

El Ministerio Público sostiene que  los implicados  cobraban entre $ 800 y $ 1.800 por cada traslado a ciudades de elección del gendarme. Ese dinero se repartía entre todos los integrantes de la red, lo que fue relacionado con la posesión de propiedades a nombre de los implicados o familiares cercanos, bienes que presuntamente se adquirieron con el pago de los pases.

La fiscal Tania Moreno inició la indagación en enero de 2015 y luego la investigación se reforzó con la denuncia del ministro del Interior, José Serrano, en julio de ese mismo año.

Pero, ¿cómo un oficial de bajo rango pudo liderar una organización que incluía hasta al Comandante General y al Jefe de pases de la Policía? Una fuente policial, que pide el anonimato, sostiene que el teniente aprovechó que era un hombre de confianza, ya que estaba asignado a la seguridad del Primer Mandatario.

El oficial resultó herido el 30 de septiembre de 2010, cuando cubrió con su cuerpo al presidente Rafael Correa para evitar que lo agredieran, lo que motivó su posterior reconocimiento.

Por eso estaba siempre cerca del Presidente en los traslados y viajes que hizo tanto dentro como fuera del país.

Esta presencia constante le habría permitido acercarse a la Dirección de Personal e iniciar los contactos para conformar la red, lo que está siendo investigado por el fiscal provincial, Wilson Toainga, antes de convocar a la audiencia preparatoria  de juicio.

El general Ramiro Mantilla, nombrado director de personal en abril de 2015, fue quien detectó que los pases listos para  aprobación no tenían el informe y que solo señalaban que era un pedido de autoridad civil.

Todo traslado debe ser acompañado de un informe que justifique el trámite, el cual se completa con la firma del Comandante de Policía y del director de personal. Por eso Mantilla advirtió al director de pases que se establezca qué autoridad pidió el traslado, lo cual nunca fue respondido. Al notar que habían decenas de trámites en la misma situación comunicó la novedad al ministro José Serrano.

Luego de esta verificación, el Secretario de Estado denunció el caso ante la Fiscalía, en julio de 2015, y al mes siguiente el teniente Alexis C. fue enviado con el pase a la Policía comunitaria en Ibarra, pero desapareció cuando se convocó en diciembre de ese año a la audiencia de instrucción fiscal. Mientras que el comandante Fausto T. renunció a su cargo y luego se entregó a las autoridades.

La Dirección de Personal tramita anualmente un promedio de 10 mil pases e igual número de reemplazos.

Por lo abultado de los trámites, en 2011 el Ministerio del Interior -mediante acuerdo 2405- creó la Comisión de Pases, la cual es presidida por el Viceministro de Seguridad Interna la Secretaría del ramo. Está integrada por el Director de Operaciones, el de Personal, un asesor de seguridad del Ministerio del Interior designado por el titular de esta Cartera, el suboficial más antiguo de la Policía y un representante de clases y los gendarmes. (I)

La instrucción fiscal por la red de venta de pases inició en enero de 2015 y se reforzó con la denuncia del ministro del Interior, José Serrano. “Nosotros no vamos a estar jugando con los pases de nuestros policías, peor lucrando de eso”, dijo.