El Municipio de Guayaquil anunció  que comenzará a clausurar los negocios que se dediquen a la compra y venta de bienes sustraídos de las obras públicas, en varios puntos de la ciudad.               

El alcalde Jaime Nebot explicó que el cierre de estos locales será definitivo una vez que se compruebe la chatarrización de objetos que durante los últimos meses fueron robados de calles, malecones y parques de la ciudad.    

En un recorrido realizado por este diario se comprobó que en varias veredas de las avenidas Quito y Machala faltan tapas de alcantarilla.

Incluso, en la esquina de Cuenca y Machala, hace una semana, según moradores del lugar, personas desconocidas  desmantelaron un quiosco de los que facilita el Cabildo y se lo llevaron, completamente,  por partes.          

A esta situación se suma el robo de barandas, cerramientos, jardineras y luminarias en zonas de regeneración urbana que se quedaron sin guardianía privada entre marzo y mayo de este año.

Los propietarios de locales que compran chatarra están al tanto de la disposición municipal y afirman que toman precauciones sobre artículos de dudosa procedencia.

Sin embargo, Julio Guerra, quien por casi cuatro décadas se ha dedicado al comercio y fundición de chatarra en la 12 y Sedalana, advirtió que hay artículos de propiedad pública que pueden pasar por objetos comunes.

“Las tapas de alcantarillas y jardineras y ciertas luminarias son fácilmente detectables aunque las partan pero las barandas de aluminio y acero pueden ser confundidas”, dijo Guerra, quien el martes último recibió una visita del personal del Municipio.

Johnny Terán, contador de la comercial Orellana, indicó que para evitar complicaciones con las autoridades se evita comprar a los chamberos. “Generalmente trabajamos con bodegas pero a las personas naturales que vienen a vender sus artículos metálicos se les emite la liquidación de compra del servicio”, aseguró Terán.   

Los artículos que más compran las fundidoras son aquellos elaborados en hierro, cobre, bronce y aluminio, desde $0.3O por kilo.

Mediante comunicado, el Cabildo aseguró que el cierre de los locales que vendan artículos de dudosa procedencia se realizará sin perjuicio de iniciar las acciones legales pertinentes.