Para el doctor en Economía Pablo Dávalos, la auditoría a la deuda pública que lleva adelante la Contraloría General del Estado pretende entender el cómo y el porqué del manejo de los recursos fiscales entre 2012 y 2017 y envía un mensaje para que esta y las próximas administraciones gestionen los recursos con transparencia.

En un diálogo con los medios públicos, Dávalos explicó los alcances y los hallazgos preliminares anunciados por la entidad de control. El informe final estará listo en abril.

Muchos hablan de persecución política ¿Cuál es el objetivo real de esta veeduría a la deuda?
La intención es tratar de reinstitucionalizar el país. Tratar de saber si esa deuda mejoró el bienestar de los ecuatorianos. (Se analiza) hasta qué punto los procesos de deuda del país guardan concordancia con la ley.

¿Qué trabas enfrentaron para acceder a la información?
La ciudadanía tiene que saber que el Ministerio de Economía y Finanzas no colaboró como debía con la Contraloría, que por ley está obligada a auditar los recursos públicos. El Ministerio utilizó regulaciones emitidas por ellos mismos, como la 001 de abril, la 002 de octubre y la 003 de noviembre de 2010 para encubrir las operaciones del endeudamiento bajo el velo del secretismo.

Se extendió el secreto no solo a la operación en sí misma, sino a toda la madurez de la operación. Es entendible mantener el secreto mientras se emite un bono para evitar que los especuladores se aprovechen de la circunstancia, pero cuando la operación se concreta ya no debe ser secreta. Las autoridades ocultaron esa operación hasta el final y no permite la transparencia  de las operaciones.

Sabemos que el exministro de Finanzas, Carlos de la Torre, dijo a la Contraloría que entregaría información luego de 45 días.
La Contraloría determinó eso como causal. Cuando un funcionario público no entrega información incumple la ley. Después de que se cumpla el plazo de cinco días establecido por la Contraloría se determinarán las responsabilidades civiles, administrativas y penales.
 
Según el informe preliminar, a diciembre de 2016, la deuda pública consolidada representó el 52,54% con relación al PIB, cuando no se permite rebasar el 40% ¿Eso quiere decir que la deuda actual es ilegal?
Efectivamente. El Decreto 1218 emitido a finales de 2016 cambia la contabilidad de la deuda y trata de armonizar con el manual de cuentas del Fondo Monetario Internacional. Con esta modificación la deuda desciende bruscamente en 2016.

Esto le permitió al Gobierno ampliar sus necesidades de endeudamiento y evacuó de la contabilidad algunos segmentos de la deuda interna. Por ejemplo, la deuda con el IESS, algunas deudas bilaterales como la que se mantiene con China, pero hay esa deuda.

En 2018 tenemos que pagar por deuda pública cerca de  $ 10.000 millones, un presupuesto mayor al de salud, educación y bienestar social juntos. No hay posibilidad de cuantificar esa deuda con los datos del Ministerio de Finanzas ni con los del Banco Central.

La Contraloría estableció una metodología de cálculo y tenemos que a diciembre de 2016 la deuda es de $ 65.749 millones. Si hemos rebasado el límite, toda nueva emisión en los próximos meses necesariamente tendrá que aprobarse en la Asamblea Nacional como dice la ley.

Si la ministra actual (María Elsa Viteri) emite deuda sin ese aval, en los próximos exámenes de la Contraloría podría declararse ilegal.

¿La responsabilidad del manejo de los recursos recae directamente sobre el expresidente Correa?
Correa tuvo la mayor cantidad de liquidez que jamás se tuvo en otro Gobierno. Hay muchos sectores que fueron olvidados. Por ejemplo, el sector agrario ya que no se hizo un censo agrícola ni políticas agrarias. Tampoco para las microempresas.

Nadie discute la necesidad de la deuda, lo que estamos discutiendo es la institucionalidad de la deuda. Correa no tenía por qué haber emitido el decreto. Hubiese, a través de la Asamblea, cambiado la regla macrofiscal por una versión más coherente respecto a la capacidad de pago del país.
 
Las autoridades anteriores sostenían que la deuda se invirtió en obras...
La Constitución indica que solamente se puede contraer deuda para infraestructura y si revisamos los datos de 2014 a 2015 la infraestructura medida en la formación bruta de capital fijo cae de $ 14.000 millones a $ 10.000 millones, pero la deuda se duplica de $ 12.000 millones en enero de 2014 a $ 23.000 millones a diciembre de 2014.

Es interesante constatar cómo la autoridad económica transformó los conceptos. En una resolución hablan de una infraestructura social, institucional, de capital humano, etc. Abren el concepto de infraestructura de tal manera que ahí puede caer todo. Cae la infraestructura física, sube la deuda; eso da cuenta que la deuda fue utilizada para cubrir la liquidez del Gobierno y su gasto corriente.

¿Cuál es su propuesta para la reactivación económica y sus expectativas de la nueva Ministra de Finanzas?
Como Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa le presentamos al presidente Moreno 46 medidas económicas de corto plazo para evitar el ajuste macrofiscal y que posibilitarían tener un plan de liquidez. Por ejemplo, un banco de exportaciones e importaciones.

Sin embargo, el Presidente nombra a alguien que no genera confianza en la sociedad ecuatoriana que  resiente mucho el período anterior y eso hace que la gente se aleje; es no escuchar el pedido de la sociedad. Creo que en el cálculo político el Presidente comete un error y está en contradicción en lo que la sociedad demanda. (I)