El Gobierno libra una dura batalla para legalizar la minería informal que causa daños, sobre todo en el medio ambiente. Solo en Esmeraldas está devastada el 82% de las terrazas aluviales enriquecidas de oro, que provoca que los pasivos ambientales se multipliquen.

El gerente de Seguridad, Salud y Ambiente de la Empresa Nacional Minera (Enami), Francisco Cruz, informó que las excavaciones antitécnicas, piscinas de desfogue y escombros abandonados afectan a unas 141.000 hectáreas en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro de la provincia.

La empresa dispone de 10 áreas de concesión que cubren cerca de 50.000 hectáreas, de las cuales seis cuentan con licencia ambiental desde mayo de 2012, donde se prevé incluir alrededor de 20 asociaciones. El resto se encuentra en proceso de trámite.

En primera instancia se ha logrado subsanar, aproximadamente, 30 hectáreas y están listas para iniciar el proceso de revegetación.

Las actividades también comprenden el manejo de agua, mediante la toma de muestras de los sedimentos que se envían a un laboratorio acreditado, para que se certifique que los límites permisibles están dentro de las estipulaciones de ley.

Solo el plan de remediación del ecosistema representa un costo de 385 millones de dólares, a lo que se suma la compensación que debe hacer la Enami a las comunidades afectadas, la pérdida del recurso que pertenece al Estado en manos de la informalidad, y los dólares que no ingresan al fisco por concepto de pago de impuestos.

El costo total asciende a 1.500 millones de dólares, un presupuesto que, según Cruz, “es elevado, versus lo que realmente se recupera en las zonas afectadas”.

Los mineros legalizados laboran con dos excavadoras y una clasificadora, identificadas con sellos de la Enami, más otro adicional en la parte superior, para poder visualizarlas desde el aire, mediante un dispositivo satelital. Esto, a su vez, permite a la empresa controlar la producción.

El jefe de campo del proyecto, Guido Vizcaíno, indicó que hasta diciembre de 2012 fueron capacitados los mineros y se regularizó su situación. Sin embargo, el pasado enero, las asociaciones paralizaron las operaciones para exigir la firma de un pliego de peticiones que estaba fuera de las capacidades de la entidad. Exigían la entrega de combustibles a precios subsidiados y dinero para la operación.

Según el funcionario, los mineros impidieron el control y supervisión del Estado, se tomaron vías y caminos y amenazaron de muerte al personal. Mediante el satelital se determinó que los equipos se encontraban fuera de las áreas operativas, por lo que nuevamente se tuvo que censar y recuperar las improntas para reubicarlos.

También se identificaron más de 30 excavadoras que, sin ser propiedad de la empresa, trabajaban sin ningún control ni supervisión.

Vizcaíno confirmó que durante un sobrevuelo efectuado en la zona, se determinó que más del 80% de las terrazas aluviales enriquecidas de oro estaban totalmente devastadas.

Si bien la empresa se vio obligada a suspender las actividades en los recintos, los mineros continúan trabajando ilegalmente, manifestó.