Mientras que el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, celebró la aprobación de la Ley de Reactivación Económica, representantes de sectores productivos y analistas discrepan al respecto.

A sus ojos la norma no da soluciones reales y a largo plazo. Opinan que si bien tiene elementos positivos, su efecto no será mayor.

Desde la otra orilla, las autoridades económicas defienden su contenido. Aseguran que la ley fue diseñada para fortalecer los sectores donde se genera la mayor cantidad de empleo: en la economía popular y solidaria (EPS), y en las micro y pequeñas empresas (mipymes).

El Gobierno se apoya en que siete de cada 10 empleos en el país son creados por esos dos segmentos. Agrupan, además, el 98% de las unidades productivas del país.

Las medianas y grandes empresas (que facturan más de $ 1 millón al año) son el 2%, pero concentran el 87% de las ventas. Por eso, están en   capacidad de “aportar en mayor medida en materia tributaria”, según la exposición de motivos de la ley.

Durante el debate final en la Asamblea Nacional, el miércoles pasado, Pabel Muñoz (AP) expuso 14 beneficios. (Ver infografía).

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Christian Cisneros, director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña Empresa de Pichincha (Capeipi), dijo a EL TELÉGRAFO que “la ley no cumple con todo lo que se había propuesto”.

Él no desprecia los incentivos a la EPS, mipymes y exportadores, pero reparó en no haber incluido la eliminación del anticipo del Impuesto a la Renta, una de las 389 propuestas que el Consejo Consultivo Productivo y Tributario entregó al presidente de la  República, Lenín Moreno.

“Lo que se necesita actualmente es contar con más liquidez y por eso habíamos previsto que se elimine el anticipo”, comentó el Director.

Analistas coinciden en que los factores positivos están opacados por temas que, a su juicio, limitarán el crecimiento del país.

Es una ‘ley parche’, concluyó la economista Lorena Konanz, quien no observa mecanismos para la reactivación, sino más bien para aumentar las arcas tributarias.

“En principio se planteó reducir el Impuesto a la Renta  para las mipymes, finalmente eso no se hizo y lo que ocurrió fue mantenerlas en 22%. Y se lo vende como una reducción en comparación a las grandes empresas que ahora se les subió a 25%”, examinó Konanz.

Este diario intentó, sin éxito, obtener la reacción de Lucía Calderón, presidenta de la Confederación de Cámaras de la EPS. La intención era conocer cuál era su criterio sobre cómo el incentivo tributario para quienes compren a este sector podría incrementar los encadenamientos productivos.

El exportador habitual también se beneficiará con un Impuesto a la Renta de 22%, la devolución del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), entre otros.

Lo mismo que Cisneros, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), Iván Ontaneda, considera que es insuficiente lo que contempla la ley.

“Más allá de que recoge ciertas aspiraciones, no recoge la unidad de los sectores productivos. No vemos una gran reactivación económica, cuando la ley debería ser un acelerador de la productividad del país”, sentenció Ontaneda.   

Faltan confianza y respeto a los acuerdos del Consejo Consultivo, dijo. Con los exportadores, agregó, esto se incumplió porque el Gobierno no pagará los recursos pendientes por los incentivos del Drawback y Certificados de Abono Tributario. (I)