La ubicación de la ruta del dinero producto de la corrupción no es tarea fácil porque se esconde en un laberinto de paraísos fiscales y leyes internacionales que están fuera del alcance de la ley ecuatoriana.    

Para el gobierno descubrir esos recursos es una prioridad.

Primero se contrató a cinco empresas que seguirán la pista de los delitos para descubrir dónde se esconden. No se ha hecho público el nombre de las compañías y tampoco hasta cuándo hará el trabajo.

La investigación se realiza y aún hay información reservada. “Las firmas están trabajando, la idea es identificar el mecanismo para repatriar y este no solo involucra a países sino a jurisdicciones”, recalcó Eduardo Jurado, secretario general de la Presidencia.

Para apoyar esta iniciativa, el Ejecutivo presentará una reforma legal que beneficie a la persona que entregue datos certeros de la ubicación del dinero de la corrupción. El delator recibirá el 20% de los recursos recuperados y tendrá garantías judiciales.

Esta propuesta se suma a dos iniciativas legislativas. La primera es una ley que permite el decomiso de dinero y bienes de funcionarios acusados de corrupción sin que hayan sido sentenciados.

Según la asambleísta Marcela Aguiñaga, esta normativa permitirá a las autoridades judiciales emprender de mejor manera la recuperación de esos capitales. La norma aún debe ser tratada por el Ejecutivo.

La segunda propuesta es de la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, quien presentó un proyecto para que la ciudadanía se involucre en la investigación de los casos de corrupción. “Recuperar lo robado es una necesidad y una exigencia ciudadana”, dijo la legisladora.

El proyecto se empezará a debatir luego de la vacancia legislativa que termina el 29 de agosto.

Otro punto de la lucha contra la corrupción es la prohibición de realizar contratos bajo la figura de régimen especial en las entidades públicas. El presidente Lenín Moreno develó que en los últimos seis años del Gobierno anterior se contrató a dedo “sin un proceso competitivo” $ 18 mil millones, lo que ocasionó un perjuicio de al menos $ 1.400 millones.

“Con este dinero se pudo haber construido 100.000 casas o 10 hospitales de especialidades”, dijo el Jefe de Estado.

Por eso se dispuso a los funcionarios públicos que se restrinja la contratación directa o el uso del régimen especial. De no acatarlo serán destituidos o despedidos inmediatamente.

En este tema, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea discute una reforma a Ley de Contratación Pública.

Pabel Muñoz, presidente de esa mesa legislativa, destacó que los cambios se centran en agilizar procesos de compras públicas y establecer mayores controles.   

Un paso importante se dio con la aprobación en la Asamblea del informe previo de Contraloría para contrataciones. Ahora se espera la respuesta del Ejecutivo para saber montos y casos. (I)