A pesar de que las 44 auditorías al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no han concluido, la Contraloría General del Estado expuso los hallazgos de 19 exámenes especiales aprobados.

Se detectaron irregularidades e incumplimientos de disposiciones legales, por las cuales se predeterminaron responsabilidades administrativas por $ 1,2 millones, glosas por $ 88,2 millones y la destitución de 60 funcionarios.

El análisis de la Contraloría se concentró en los últimos siete años de gestión del Seguro Social, que incluye la administración de Richard Espinosa.

Infraestructura hospitalaria, adquisición de medicamentos y equipos, talento humano, situación de los fondos previsionales y estudios actuariales fueron los elementos sobre los que se basaron las auditorías.

El contralor Pablo Celi dijo que nueve informes con indicios penales fueron enviados a la Fiscalía General del Estado.

Para la construcción de infraestructura hospitalaria, adquisición de bienes, servicios y medicinas, se contrató personal sin que haya sustentos técnicos económicos ni legales.

Carlos Riofrío, director del área de Análisis de Seguridad Social, manifestó que las contrataciones se realizaron bajo la figura de Régimen Especial, la cual se emplea para casos de emergencia.

Las obras carecen de estudios completos, definitivos y actualizados; no hubo revisión de planos y se inobservaron especificaciones necesarias para el funcionamiento hospitalario adecuado.

Estas faltas produjeron pagos excesivos y no se cobraron multas por incumplimiento en cronogramas de trabajo, por lo cual se determinaron responsabilidades administrativas valoradas en $ 365 mil y glosas por $ 83 millones; la destitución de 29 funcionarios y dos indicios de responsabilidad penal.

Anteriormente, la Contraloría recomendó al IESS en otros exámenes establecer cuál es el monto que el Estado adeuda al Fondo de Salud, así como la forma de pago, pero no fue acatado, anotó Riofrío.

Los exámenes especiales confirmaron que las desinversiones hechas para cubrir las tasas de aportación y la eliminación del 40% del aporte estatal, afectaron la sostenibilidad de los fondos administrados por la entidad.

Se identificó, además, que las inversiones del Seguro Social se encuentran concentradas en Títulos de Deuda emitidos por el Ministerio de Finanzas.

Los medicamentos para el tratamiento de enfermedades catastróficas, como VIH, cáncer y diabetes, que ya caducaron, no fueron canjeados ni devueltos y tampoco cobradas multas por $ 2,2 millones debido a incumplimientos contractuales. Tampoco se efectuaron gestiones para recuperar fármacos faltantes en las bodegas de los hospitales.

Todo esto generó responsabilidades administrativas por $ 58 mil, la destitución de tres funcionarios y responsabilidades civiles por $ 1 millón.

Respecto a la administración de talento humano, la Contraloría reiteró que se efectuaron descuentos en las nóminas mensuales de unos 500 funcionarios sin su autorización.

Los recursos valorados en $ 378 mil se transfirieron, la mayoría, al movimiento Alianza PAIS y funcionarios de la institución.

En cuanto a los estudios actuariales se concluyó que no aplicaron metodologías adecuadas, ocasionando una subestimación del déficit en el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte para el año 2053 en al menos $ 124 mil millones.

Una situación similar se evidenció en el déficit actuarial del Fondo de Salud Individual y Familiar estimado en $ 14 mil millones. Luego de concluidas las 25 auditorías que están en marcha se conocerá la situación del IESS. (I)