El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) detectó irregularidades en 1.300 procesos de compra pública, en fases precontractual y contractual, valorados en $ 280 millones, aproximadamente.

Son procesos de 2018, cuya información fue remitida la semana pasada a la Contraloría General del Estado, a fin de que los investigue y, de ser el caso, determine responsabilidades administrativas, civiles o penales, según corresponda.

Silvana Vallejo, directora general del Sercop, indicó que si bien la entidad tiene como competencia revisar el desarrollo de la compra pública previo a la firma del contrato definitivo, también se encontraron anomalías después de que los contratos fueron suscritos.

Las irregularidades en estos casos pueden ser por delito administrativo, abuso de poder de mercado, o por violación a la norma de contratación pública. Si ocurre lo último, la información es enviada a la Contraloría.

Estos casos se presentan cuando las entidades contratantes no pudieron justificar ante el Sercop el incumplimiento de la Ley de Contratación Pública.

“Existe cierto direccionamiento en tema de obras. Todos los hallazgos conducen a violaciones del principio de concurrencia, igualdad, trato justo, que son los que las entidades y el Sistema de Contratación Pública deben precautelar”, dijo el subdirector Gustavo Araujo.

En 2018 se registraron alrededor de 127.000 procesos en todos los regímenes de contratación. De esos, los casos con irregularidades representan menos de 1%.

Araujo reconoció que el Sercop no tiene toda la capacidad instalada suficiente para ejercer un control absoluto. “Supervisar todo esto es humanamente imposible si no se tienen los elementos necesarios para hacerlo”.

Por otra parte, en la Fiscalía General del Estado se reportaron 30 casos. También se detectaron que en los contratos interadministrativos que involucran a las empresas públicas, en general, hay mayor cabida para eludir la normativa de compras públicas.

Los hallazgos apuntan a que en las adjudicaciones no hubo competencia entre varios oferentes.

Para corregir estas y otras irregularidades relacionadas a la contratación por Régimen Especial, el Sercop emitió las resoluciones 82 y 84 en noviembre y diciembre de 2017, respectivamente. Adicionalmente se alista una serie de reformas a la Ley de Contratación Pública y a la Ley de Empresas Públicas.

Los cambios serán incluidos en el proyecto de Ley de Fomento Productivo 2, que tendrá carácter de urgente en materia económica y se presentará a la Asamblea Nacional en febrero, anunció en días pasados el ministro de Comercio Exterior e Inversiones, Pablo Campana.

El Gobierno Central compró menos en 2018

El monto adjudicado por compras públicas alcanzó los $ 7.000 millones el año pasado, lo que representó el 6,4% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 20,1% del Presupuesto General del Estado.

Las adquisiciones del Gobierno Central abarcan el 53%, es el nivel más bajo de los últimos tres años, ya que en 2017 llegó a 56% y en 2016 a 67%.

En contraparte aumentó la participación de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) que pasó de 33% en 2015 a 42% en 2018.

Según Vallejo, la tendencia de los GAD provinciales y municipales obedece a que estos realizaron más obras en el último año.

Otra de las novedades es que las compras públicas bajo la modalidad de Régimen Común representaron el 77%, mientras que por Régimen Especial fueron el 23%.

Hubo mayor competencia en comparación a los dos años anteriores, cuando predominaban procesos por Régimen Especial. (I)