¿Existe o no un incumplimiento a la Constitución de la República con el anuncio de una nueva asignación al presupuesto para la educación superior?

El analista económico y rector del Tecnológico Argos, Jorge Calderón Salazar, explicó que el presupuesto de las universidades públicas está ligado a las recaudaciones tributarias (la suma del 11% del impuesto a la renta y 10% del IVA).

“Esto implica que las universidades han recibido importantes recursos sobre todo en épocas de bonanza, pero como la actividad económica se ha visto afectada por el coronavirus hay una disminución de ingresos”.

El economista indicó que solo para el mes de abril la recaudación fue de $ 8 millones menos que lo recibido el mismo mes del año anterior.

Para él debería revisarse y replantearse el mecanismo de asignación de recursos para que las instituciones reciban valores fijos y constantes, y no en función de variaciones de la actividad económica.

Al existir una crisis, la educación superior pública se verá afectada, pues se reajustarán los presupuestos.

“Las universidades no pueden reducir la infraestructura porque ya está hecha, entonces deben reducir personal docente, servicios y recibir menos estudiantes por concepto de gratuidad”.

Para él ni la educación, ni la salud deben ser sacrificada porque se condicionan oportunidades y el futuro de esta y las generaciones venideras.

La Corte Constitucional (CC) recibió demandas por incumplimiento del artículo 165 de la Constitución, que establece la prohibición del uso de fondos de salud y educación en el contexto del estado de excepción.

Esto tras el anuncio del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, de una nueva asignación presupuestaria de más de $ 98 millones, a 32 universidades, escuelas politécnicas e institutos públicos del país.

El 13 de mayo de 2020, la Corte dispuso que se suspendan y se abstengan de realizar modificaciones presupuestarias que puedan tener un impacto negativo en el presupuesto de las instituciones de educación superior

El abogado constitucionalista Julio César Cueva detalló que la medida cautelar es de cumplimiento inmediato y obligatorio.

Sin embargo indicó que no existiría tal incumplimiento debido ya que, por la modalidad de asignación, no se reduce el presupuesto, sino el del ingreso sobre el cual se calcula ese porcentaje.

“Los ingresos se han disminuido por hechos públicos y notorios como son las crisis sanitaria, social y económica. En ese sentido, la posición del Ministro (Martínez) estaría justificada y la CC tendría que avalarla y pronunciarse”.

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) explicó en un comunicado que al disminuir los ingresos por los Impuestos al Valor Agregado (IVA) y de la Renta, el presupuesto universitario se actualiza.  

Aclara acerca de que los rubros correspondientes a la gratuidad educativa no se verán afectados. (I)