El Consejo Superior Universitario de la Universidad de Guayaquil determinó que el título de posgrado de la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña fue otorgado con irregularidades, por lo que destituyó a 13 personas, entre autoridades y profesores.

Este es el resultado de una auditoría académica, abierta tras recibir denuncias, al título de magíster en Administración de Empresas con mención en Recursos Humanos y Marketing de la exfuncionaria, registrado en la Facultad de Ciencias Administrativas de dicha universidad. 

Roberto Passailaigue, rector del centro de estudios, indicó este martes 9 de abril de 2019 que el Consejo Universitario resolvió sancionar a los funcionarios implicados. Además, que se iniciará el trámite para la anulación del título y se presentará una denuncia en la Fiscalía.

Explicó que la exfuncionaria inició la maestría en la Facultad de Administración en 2007 y debió terminarla en 2009, sin embargo lo hizo en 2018.

El tiempo estipulado para que el título sea válido es de 5 años, según establece la normativa. "Se pretendió dar la apariencia de que cumplió los módulos, pero aparecen firmas de asistencia falsificadas".

La resolución No. R-CIFI-UG-SE15-086-05-04-2019 sanciona a: Javier Burgos Yambay, Rafael Apolinario Quintana, Víctor Hugo Briones, Melvin López Franco, Janina Artega Cisneros, Gulnara Borja Cabrera, Otto Villaprado Chávez, Joffre Santamaria Yagual, Marco Navarrete, Félix Chang Ramos y Martha Guerrero.

Ellos son señalados por el cometimiento de una falta grave en grado de autores al  "haber obtenido de forma ilegítima, en base al engaño, la construcción de documentos, registros y certificados de evaluación y similares (...) por falsificación de actas y notas, lo que contribuye a la expedición fraudulenta del título de posgrado en favor de la Sra. María Alejandra Vicuña". 

La petición de anulación del título se hará ante la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). 

En un comunicado, Vicuña calificó de "malintencionada" la resolución, puesto que se abrió una investigación en base a supuestas publicaciones en redes sociales y no una denuncia seria. Añadió que no se respetó un debido proceso.

Aseguró que cursó su maestría cumpliendo todos los requisitos y con una normativa anterior a la que ahora alega la Comisión Interventora. En ese sentido precisó que su maestría la inició en 2007, antes de la vigencia de la LOES (2010). 

Finalmente, indicó que interpondrá todos los recursos administrativos y acciones judiciales necesarias. (I)