A Carina Vance Mafla se la presentó en enero pasado como una joven salubrista especializada en la Universidad de Berkeley (EUA).

Es formada, además, en Historia y Ciencia Política en el pregrado del Williams College. Con 35 años de edad, la Ministra de Salud se mueve bien en la planificación, gerencia y administración pública, relacionadas al área sanitaria. Pero también en el activismo social: fue directora de la fundación Causana, en Quito, organización que trabaja con proyectos en defensa de los derechos de lesbianas.

En agosto de 2008, en rueda de prensa, defendió públicamente el Sí GLBTI a la Constitución de Montecristi, con otros activistas y organizaciones. Nacía una Carta garantista y seguramente pasaba por su mente el recuerdo de adolescencia en que, la hoy ministra, fue víctima de un acoso violento en las calles de Estados Unidos, donde nació. Hija de padres ecuatorianos, a sus 13 años vivió la discriminación a patadas y escupitajos en un bus urbano de ese país.

En el plano personal, ¿cómo es la experiencia, luego de ser activista, de ser ministra en un gobierno como el de Rafael Correa?

Como ministra encargada y como mujer, como mujer lesbiana, realmente es una coyuntura especial la que tenemos: un gobierno que en mi forma de ver ha realizado un avance importantísimo en derechos básicos.

Las personas podemos tener discrepancias en cuanto a cómo percibir estos temas de la homosexualidad o de los derechos de identidad de género o sexual, pero considero que el desarrollo y fortalecimiento que se ha dado en cuanto al acceso a salud, educación, vivienda, trabajo, permite  que este tipo de debates se lleve en igualdad de condiciones en la sociedad. Los avances que planteamos en el Gobierno a futuro son fundamentales para lograr la equidad e igualdad de derechos.

Como ministra, ¿ha sentido algún tipo de prejuicio dentro del Gobierno?

Personalmente no he vivido eso, pero todos tenemos percepciones distintas de las cosas en temas que han sido polémicos en nuestro país. La inequidad ha sido producto de un sistema que así lo ha concebido: que esas inequidades se requieren para que funcione, pero se está rompiendo esa estructura.

El MSP está a cargo del tema de las clínicas llamadas de deshomosexualización, donde las más afectadas son mujeres secuestradas, torturadas y violadas, recluidas por sus propias familias.

Elaboramos una estrategia al respecto; las denuncias que tenemos son por violación de derechos humanos, que requieren  una respuesta contundente del Estado como garante. Trabajamos con organizaciones sociales, con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía en sanciones, clausuras y procesos de tipo penal; y si se determina que ha habido una violación de derechos, cerrar esas clínicas. Es algo impostergable, que lo conozco desde el ámbito personal, y ya llevamos una década de haberlo identificado en el país.

Tenemos denuncias, como la de una mujer internada a la que su marido la acusa de infiel; chicos por tener cabello largo, su estética no se acopla a lo que la sociedad considera apropiado; usuarios con problemas de alcohol y drogas que denuncian la forma en que los tratan. Entonces, se trabaja fuertemente con los perfiles profesionales y estándares adecuados no solamente a los GLBTI, sino también por drogadicción y alcoholismo. Tenemos que trabajar en promoción y prevención; la homosexualidad es un concepto que en salud, desde décadas atrás, se lo asume como un asunto de orientación e identidad de género.

¿Trabajar con profesionales, las facultades de Psicología? ¿Hasta qué punto es un tema de mala práctica profesional el que en esas clínicas se reciban GLBT, por más que sea decisión de las familias?

Así como es un reflejo del prejuicio que tenemos en la sociedad, asimismo los casi 500 mil funcionarios públicos del Estado (MSP, Ministerio de Justicia, Fiscalía, Juzgados y otros) debemos tener una capacitación y sensibilización muy fuerte y cuidados estrictos a lo que dice la Constitución para hacerla respetar, pues claramente indica que orientación sexual, identidad de género y expresión estética deben ser respetados y protegidos.

Tenemos denuncias de maltratos en nuestras propias unidades operativas. La Red de Trabajadoras Sexuales del Ecuador nos presentó una situación de vulneración de derechos espeluznante. Ya tenemos un borrador de acuerdo, para garantizar que nuestras unidades operativas no reproduzcan los prejuicios y discriminación de la sociedad.

En el Día Internacional de la Mujer, ¿cómo ve usted que algunas organizaciones políticas aprovechen la coyuntura para manifestarse por temas político-electorales?

El trabajo del Gobierno ha sido histórico para lograr equidad en una sociedad donde todavía existe discriminación hacia las mujeres y otros grupos vulnerables. La Constitución consagra avances importantes en cuanto a la representación de mujeres en distintos poderes y a ser una voz en la toma de decisiones públicas. Ha sido importante para lograr la participación y reparar una realidad.

La agenda de Carina Vance es apretada; compromisos en políticas públicas de temas que fueron también otro tabú: la planificación familiar y el Plan de Prevención de Embarazos Precoces bajo el lema “Habla serio, sexualidad sin misterio”. Se acaba el tiempo y la Ministra debe “salir corriendo” a la Fiscalía para presentar otra denuncia. En un país donde aún la violencia y los femicidios copan las crónicas de noticieros, y los embarazos adolescentes y de niñas son un crimen que debe sancionarse y disminuir -tanto como la discriminación-, la tarea no debe ser fácil.